La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de aprobar por unanimidad, en la tarde del miércoles, la OPA del BBVA sobre Sabadell abre ahora una nueva etapa en el proceso para conocer si finalmente el banco vasco se hace con la entidad. Es el turno ahora del Gobierno. En la fase 3, que es la que se inicia, el Ministerio de Economía tiene un plazo de 15 días para decidir si la lleva al Consejo de Ministros, mientras que a su vez, el Consejo tiene un plazo de 30 días para ampliar las condiciones a la operación. En caso de que la OPA consiga también la aprobación del Consejo de Ministros, el siguiente paso será la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto de admisión y, posteriormente, la apertura del plazo de aceptación, lo que supone que la decisión recaerá en manos de los accionistas de Sabadell, cuyo consejo de administración ya ha recalcado en diversas ocasiones su abierta oposición a la operación.

En cualquier caso, el próximo pronunciamiento debe corresponder al Ministerio de Economía. Ayer, horas después de conocerse el respaldo de la CNMC, fuentes del Ministerio citadas por la agencia Efe insistieron en que el departamento que encabeza Carlos Cuerpo analizará “con rigor y detalle” el informe de la CNMC. 

De hecho, el proceso es todavía muy complejo, puesto que Competencia ha subordinado la operación al cumplimiento, por parte de BBVA, de determinados compromisos o condiciones, por lo que su resolución no es firme ni pone fin a la vía administrativa hasta que el ministro de Economía dé su visto bueno. Estos compromisos, llamados remedies, son vistos por la CNMC como “suficientes, adecuados y proporcionados” para solucionar los problemas de competencia detectados. Uno de los supuestos que pueden ocurrir es que el Ejecutivo se incline por autorizar la concentración, pero con nuevas compromisos. Sin embargo, no existen precedentes en los que el Gobierno haya endurecido las condiciones de compra de una fusión, si bien ninguna operación financiera de carácter similar había acumulado tanta atención. 

Aunque en un principio el Gobierno insinuó su oposición a la OPA, lo cierto es que esa negativa ya no parece tan clara, de forma que aparecen voces que tratan de ejercer presión. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó como “muy mala noticia” la aprobación de la OPA por la CNMC y señaló que el Gobierno debería parar esta operación y “ponerse del lado del bien común”. Díaz señaló efectos nocivos, como los despidos -que cifró en 5.000-, exclusión financiera en muchos territorios y daño para clientes, autónomos y pymes, a los que, indicó, se les van a encarecer los créditos. “A ver qué dice la patronal de esto”, añadió. 

Mientras tanto, en un intento de rebajar nuevas tensiones en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que “todavía es prematuro” saber la decisión que tomará el Ejecutivo. Montero remarcó que “ahora toca que el gobierno lo estudie, vea qué condiciones son las que la CNMC ha puesto encima de la mesa y cuál es la respuesta también del BBVA”. “En la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del Gobierno, pero hoy todavía es prematuro poder anticipar una decisión”, señaló la ministra. Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, señaló que su partido “tendrá que batallar” para que no se pierdan empleos ni oficinas y para que las empresas, autónomos y familias tengan acceso adecuado al crédito. “Y también para garantizar que los centros de decisión se queden en Catalunya”, destacó. Por su parte, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC.OO., Unai Sordo, indicaron esta fusión es “una mala noticia” que pone en cuestión la competencia el sector, con un impacto sobre los clientes financieros. “Es una una fusión que no tiene ni pies ni cabeza”, añadió Álvarez.