El pulso entre las monjas cismáticas de Belorado y la jerarquía eclesiástica se adentra en su fase decisiva. La orden de desahucio dictada por María Jesús Revilla, la jueza de Primera Instancia de Briviesca (Burgos), se ha topado con la resistencia de este grupo de religiosas que, tras romper con la Iglesia católica, se niegan a abandonar el monasterio. Este conflicto, que comenzó en 2024, mantiene abierto un pulso donde se cruzan la fe, la obediencia y la justicia.
En aquel momento, el monasterio acogía a 16 monjas. Diez decidieron dar un paso inédito en el catolicismo español: anunciar públicamente su ruptura con Roma. Un mes después, la Iglesia respondió con la excomunión formal. Las otras seis hermanas decidieron seguir fieles a la Iglesia y mantenerse dentro de sus muros.
Todo se precipitó el 13 de mayo de 2024. La comunidad, liderada entonces por sor Isabel de la Trinidad, difundió un comunicado desvinculándose de la Iglesia católica. Ese gesto fue acompañado por un “Manifiesto Católico” de 70 páginas en el que explicaban su decisión de pasar a depender de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, una organización liderada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, laico excomulgado en 2019. En el documento rechazaban la autoridad del papa Francisco y cuestionaban la legitimidad de todos sus predecesores desde Pío XII.
La Iglesia respondió con rapidez y contundencia. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, admitió haberse quedado “estupefacto” y que inicialmente pensó que se trataba de una fake news. Días después fue nombrado comisario pontificio por la Santa Sede con plenos poderes para gestionar el monasterio y su patrimonio.
"Algunas empezaron a llorar diciendo que no querían separarse de las más jóvenes. Son una comunidad; llevan allí toda la vida. Están en Orduña porque quieren"
Origen de la ruptura
Aunque la ruptura fue presentada como espiritual, el trasfondo del conflicto era económico. Las religiosas pretendían vender el monasterio de Derio (Bizkaia) para comprar el de Orduña, donde habían invertido una suma considerable en obras de rehabilitación. Para ello necesitaban el visto bueno de Roma, obligatorio en las operaciones de gran cuantía según el derecho canónico. Al no obtenerlo, la operación se frustró. Desde el arzobispado de Burgos aseguran que todo fue una maniobra de Pablo de Rojas para hacerse con los inmuebles. Fue el principio de una fractura sin retorno.
El pulso se intensificó y la comunidad se fragmentó. Varias religiosas que no compartían el cisma solicitaron su salida. Una de ellas, sor Amparo, denunció que sus compañeras actuaban como una “secta” y abandonó el convento. Con el tiempo, cinco de esas hermanas fieles a Roma, con edades entre los 87 y los 101 años, fueron reubicadas en el monasterio de Orduña.
El traslado de estas religiosas ha abierto un nuevo frente. Las exclarisas denuncian que el arzobispado intenta expulsarlas forzosamente sin respetar su voluntad, actuando con crueldad. Además, afirman que “al arzobispado no le importa ni la voluntad ni el bienestar de las hermanas”.
En este contexto de máxima tensión, el portavoz jurídico de las monjas, Florentino Aláez, desmiente la versión oficial del operativo desplegado el 1 de agosto en Orduña. “Según lo que me han contado las monjas y el abogado Enrique García de Viedma, no se presentó una comisión judicial sino la Guardia Civil”. Además, explica que el capitán tenía la orden de ejecutar un auto judicial que ordenaba “entregar” a las monjas al arzobispo o a quien este designara, pero ante la negativa de las religiosas decidió suspender la ejecución.
“El auto que se pretendía ejecutar ordenaba entregar a estas cinco monjas mayores al arzobispo o a alguien que él designara. No era a la Federación de Aranzazu ni a otro monasterio, sino precisamente al arzobispo, que es el adversario en este conflicto judicial”, señala Florentino Aláez.
Pero la postura de las monjas cismáticas es muy clara, tal y como reconoce su portavoz jurídico: “por las informaciones que tengo, el capitán de la Guardia Civil habló con ellas y le dijeron que no quieren irse. Ellas quieren permanecer ahí, con sus hermanas, cuidadas y conviviendo como siempre”.
Sobre esto, Aláez insiste en que “no se puede obligar a las monjas a salir salvo que un juez dicte una orden de detención contra ellas. A día de hoy esa orden no existe”.
Por su parte, Francisco Canals, portavoz de las religiosas, rechaza la acusación de que las monjas mayores estén retenidas contra su voluntad: “Algunas empezaron a llorar diciendo que no querían separarse de las más jóvenes. Son una comunidad; llevan allí toda la vida”, asegura. Y añade: “Están ahí porque quieren. La Guardia Civil se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no era correcto”.
"El arzobispo de Burgos es el adversario en todos los procesos judiciales. Todos los conflictos judiciales le tienen al arzobispo como parte contraria"
Estado de las exmonjas mayores
Sobre su estado de salud, Canals insiste en que “no puedes simplemente mandar a un guardia civil y llevártelas como si nada. Se podrían morir por el camino”. Además, niega que sufran deterioro mental: “Ellas no están ausentes. Leen la prensa, saben lo que pasa. Solo una está algo más ausente, pero las otras cuatro están perfectamente lúcidas”.
También desmonta las críticas sobre las condiciones del convento de Orduña: “Decían que Orduña no tenía camas articuladas ni calefacción. Pero tenemos fotos y vídeos que lo desmienten. Está todo adaptado desde 2020”.
Canals ofrece, además, una imagen alejada del estereotipo sobre estas religiosas: “Son monjas luchadoras, cien por cien. No dan abasto: cuidan a las mayores, limpian, cocinan, trabajan sin descanso. Y aun así tienen una energía desbordante”, explica. “Ellas fueron al Madrid Fusión, montaron una casa rural, vendieron chocolate por internet, crearon una cuenta de Instagram.”, subraya.
Cronología del caso
13 de mayo de 2024. Las monjas del monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) anuncian a través de un Manifiesto Católico de 70 páginas y una carta que dejan la Iglesia católica y se ponen bajo la tutela del obispo excomulgado, Pablo de Rojas Sánchez-Franco, y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no comulgan con Roma.
17 de mayo de 2024. Sor María Amparo, una de las 16 hermanas de la congregación decide abandonar el convento al no estar de acuerdo con la decisión y califica la congregación de “secta”.
21 de mayo de 2024. La Confederación de Clarisas de España y Portugal se desvincula de las monjas de Belorado y Orduña.
29 de mayo de 2024. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, se convierte en el comisario pontificio de los conventos de Belorado, Orduña y Derio.
30 de mayo de 2024. Sor Isabel de la Trinidad, abadesa de Beloradao, denuncia al arzobispo de Burgos, Mario Iceta por abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de asociación.
31 de mayo de 2024. Iceta envía un burofax a Pablo de Rojas y José Ceacero, portavoz de las monjas, para pedirles que dejen el convento de Belorado.
21 de junio de 2024. Las monjas no se presentan ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por un delito de cisma y envían un burofax confirmando su decisión de abandonar la Iglesia.
22 de junio de 2024. El arzobispo las excomulga por un delito de cisma, expulsándolas de la vida consagrada. Además deben abandonar el convento.
27 de junio de 2024. Las monjas de Belorado anuncian que solo abandonarán el convento por orden judicial. Mario Iceta les exige que cumplan la ley.
16 de septiembre de 2024. El Arzobispado de Burgos presenta la demanda de desahucio contra las monjas.
8 de noviembre de 2024. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Briviesca admite a trámite la demanda de desahucio.
7 de febrero de 2025. Tres de las exmonjas clarisas de Belorado abren en Asturias un “restaurante de clausura”.
17 de marzo de 2025. El Juzgado de Briviesca establece el 10 de junio como fecha para el desahucio de las clarisas y cita a todas las partes a una vista previa para el 13 de mayo.
29 de julio de 2025. Las exclarisas defienden ser legítimas propietarias del inmueble. El juicio queda visto para sentencia.
1 de agosto de 2025. La jueza da la razón a la Iglesia católica y decreta el desahucio de las ocho exmonjas de Belorado.
Las monjas cismáticas no se rinden
Pese a la orden judicial que les exige abandonar el monasterio, las exclarisas de Belorado preparan su contraofensiva por vías legales y mediáticas. Su portavoz jurídico, Florentino Aláez, ha confirmado que recurrirán la sentencia: “Tenemos hasta el próximo 30 de septiembre para apelar. En dos ocasiones anteriores esta misma jueza ya vio revocadas sus decisiones, confiamos en que en esta ocasión suceda lo mismo”.
En el plano mediático, Francisco Canals cree que la historia no está escrita y anticipa que las religiosas no permanecerán impasibles ante la decisión de la jueza: “No se van a quedar quietas esperando el desahucio del día 12. Algo harán. No sé qué, pero algo harán. Siempre han dado golpes de efecto”.
En paralelo, tres de las hermanas han abierto un restaurante “de clausura” en Arriondas, llamado Santa María del Chicu, para financiar su resistencia y reforzar la independencia del grupo frente a las presiones del entorno eclesiástico.
Florentino Aláez carga directamente contra el arzobispo Mario Iceta, a quien responsabiliza del acoso judicial: “El arzobispo de Burgos es el adversario en todos los procesos judiciales. Como comisario pontificio ha promovido el desahucio que impugnamos en la demanda de julio del año pasado. También es quien ha denunciado a la madre abadesa. Y las religiosas, a su vez, le han denunciado a él. Todos los conflictos judiciales tienen al arzobispo como parte contraria”.
