La planta de ArcelorMittal en Lesaka estará afectada por un ERTE, que se prolongará más de un año
La dirección siderúrgica propone la prórroga del actual expediente por causas productivas | Quiere complementar hasta el 90% del salario bruto
ArcelorMittal prolongará el expediente de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos (ERTE) que aplica a su factoría de Lesaka, que emplea a unas 300 personas. Esta medida también se extenderá a otros centros de la compañía, distribuidos por otras comunidades.
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La multinacional ha anunciado la medida por motivos productivos, y una vez más vuelve a usar la regulación como herramienta de flexibilidad para afrontar un nuevo año de actividad, en esta ocasión, 2026. La dirección de la siderúrgica ha planteado el ERTE de acuerdo a los posibles escenarios futuros de incertidumbre para los próximos ejercicios, y mantendría los porcentajes de afectación del último expediente.
Además, ha manifestado su intención de mantener las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, como la garantía del complemento hasta el 90% del salario bruto y el cien por cien de pagas y vacaciones.
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El anuncio
Este jueves la dirección de ArcelorMittal propuso prorrogar más de un año el ERTE en los centros de Lesaka, Etxebarri (Bizkaia), Gijón y Avilés (Asturias), y Sagunto (Valencia), y el sector de distribución AMDS, debido a la caída de pedidos en algunas instalaciones. La cita tuvo lugar en Avilés (Asturias), en formato mixto (presencial y telemático), para constituir la comisión negociadora del ERTE. Perjudica a 6.600 trabajadores y trabajadoras en diversas factorías del país.
Trece representantes sindicales
Según fuentes sindicales, la empresa ha trasladado a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence el 31 de diciembre, es necesaria por las causas anteriormente expuestas. En el encuentro, la empresa comunicó la entrega de la documentación para justificar esta medida en otra cita. Por la parte social, la comisión ha quedado constituida por trece sindicalistas en base a la representación legal exigida: seis delegados de UGT, cuatro representantes de CCOO, dos miembros de ELA y un integrante de USO.
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