El Gobierno de Navarra aplaza de 2027 a 2055 la obligación de Canasa de devolver el préstamo de usos expectantes de 77 millones

La Comisión de Negociación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Comunidad Foral de Navarra ha acordado el texto del convenio para ejecutar y financiar el Canal de Navarra, y en concreto, para completar la infraestructura con la construcción de la segunda fase para llevar agua de calidad a la Ribera. Ahora, este texto deberá contar también con los informes de Abogacía del Estado, Ministerio de Hacienda y de Política Territorial.

Tanto el Gobierno foral como el Ministerio han prometido celeridad en los trámites para licitar la obra en 2026, aunque no hay todavía concreción de fechas. El texto actualizado plasma que el Canal tiene un coste total de 850 millones finalmente.

La infraestructura contempla fases ya ejecutadas y en explotación como la primera fase, la ampliación de la primera fase, las centrales hidroeléctricas de pie de presa y la toma del Canal. De esta forma, queda pendiente de ejecución la segunda fase que va a costar 373.731.170 (IVA incluido).

Reunión vía telemática

En la reunión celebrada telemáticamente han participado, por parte del Gobierno foral, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi.

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, han asistido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario del MITECO, Miguel González Suela; la directora general del Agua y presidenta de Canasa, Mª Dolores Pascual, y la presidenta de ACUAES y directora general de Canasa, Mª Rosa Cobo.

Canasa ejecutará

Ambas administraciones consideran de máximo interés proceder a la construcción de la segunda fase, y cada una, junto con Canasa, en el ámbito de sus competencias, se han comprometido a "agilizar al máximo los trámites e iniciativas necesarias para facilitar que la licitación del contrato se realice durante 2026, de modo que la construcción de las obras se realice lo antes posible", ha destacado el Gobierno foral en una nota de prensa. 

La ejecución se realizará a través de Canasa como se ha encargado en la primera fase y en la ampliación de la primera fase.

Segunda fase

El texto aprobado por ambas Administraciones recoge que Canasa llevará a cabo una ampliación de capital para cumplir con sus compromisos de financiación en la obra que va a llevar agua a la Ribera.

El Gobierno foral y el Ministerio financiarán aproximadamente el 50% del coste de las obras mediante su participación en el capital social de Canasa, un 60% Estado y un 40% Navarra. Ambas Administraciones han aportado hasta el momento en forma de capital a Canasa 361.689.020 euros de los 850 millones del coste de todo el Canal, en la proporción anteriormente expuesto, por lo que queda de aportar 63.310.980 euros al Estado y Ejecutivo foral. 

De esta forma, ambas administraciones han acordado que en 2026, el Estado deberá aportar 37.986.590 euros y Navarra contribuirá con 25.324.390 euros.

Casi 58.000 hectáreas

Respecto a la zona regable potencial del Canal de Navarra, el acuerdo recoge una superficie de 57.976 hectáreas bajo la consideración de perímetro máximo si bien la superficie efectivamente regable quedará determinada por lo que resulte tras la preceptiva obtención de la concesión de aguas, y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

Hidroeléctricas en manos de Canasa

Con el objeto de facilitar la viabilidad financiera del proyecto, en 2003 se aprobó, con carácter temporal, la transmisión total a Canasa de los aprovechamientos hidroeléctricos objeto de concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, resultantes de la construcción del embalse de Itoiz. El nuevo convenio recoge el compromiso de Navarra a formalizar la prórroga de esta cesión hasta la recuperación de la inversión. 

Aplazado la devolución del 'préstamo' del Gobierno a Canasa

En cuanto al Anticipo Económico en concepto de Usos expectantes suscrito en 2014, el Gobierno de Navarra se compromete a tramitar una modificación de las condiciones, de manera que la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S. A. reintegrará dicho anticipo económico a la Comunidad Foral de Navarra entre los años 2055 al 2068, devengando un interés del 2,5% a partir del ejercicio en que se apruebe dicha modificación. Hasta el momento, el Gobierno de Navarra ha aportado 75.650.000 euros de los 77.000.000 comprometidos para atender las necesidades de financiación de Canasa. 

El Ejecutivo foral ha actuado de banco con Canasa y entre 2014 y 2026 va a inyectarle 77 millones. Inicialmente, esta cantidad debía devolverla entre 2027 y 2040 a un interés del 3%. Pero ahora, ese retorno se retrasa a entre 2055 y 2068 a un interés inferior, del 2,5%. Se mantiene que sea en 13 años.

Expropiaciones

Como en las anteriores fases, el Gobierno de Navarra se compromete a llevar a cabo dentro de sus competencias, las actuaciones precisas para poner a disposición de la Administración General del Estado los terrenos necesarios para ejecutar las obras de la segunda fase del Canal y para la reposición de los servicios y servidumbres afectados.

Navarra actuará como Administración expropiante, ostentando Canasa la condición de beneficiaria que le atribuye el artículo 132.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

El pasado marzo, el consejo de administración de Canasa aprobó los precios máximos de expropiación y bienes y derechos para tramitar más de 1.500 expedientes por un valor máximo de 5.845.151 euros, además de un adicional para posibles contingencias definidas en el informe de precios máximos aprobados por un importe de 1.753.545 euros. 

Los convenios de tarifas con los usuarios

Por último, y con el fin de dar cumplimiento al objetivo de adjudicar las obras lo antes posible, ambas Administraciones acuerdan tramitar con la celeridad necesaria aquellos trámites esenciales para comenzar la construcción de la segunda fase, ha dicho el Ejecutivo navarro en una nota.

Con carácter previo a la adjudicación de las obras de la segunda fase, Canasa deberá formalizar con los usuarios los preceptivos convenios en virtud de los cuales se comprometan a aceptar el pago de las tarifas que resulten del estudio económico financiero vigente con los datos actualizados en el momento de la firma de los mismos. Los usuarios también tienen que asumir un incremento del coste del Canal de 63 millones de euros que se verá repercutido en las tarifas.

De igual manera será necesario que, previamente a la licitación de las obras, Canasa suscriba con la Administración General del Estado la actualización de su convenio de gestión directa.