Renovables para abordar una vez más los retos energéticos y climáticos

Hace algo más de cuatro décadas, el Gobierno aprobaba la “Ley sobre la conservación de la energía”, que incentivaba la adopción de fuentes renovables para reducir el consumo de hidrocarburos y, en general, la dependencia exterior de combustibles en el seno de una crisis mundial del petróleo que afectaba singularmente al país.

Asimismo, desde finales del siglo pasado hemos convivido con diferentes regímenes económicos de apoyo a las renovables, habida cuenta del impacto positivo que tienen en la reducción de emisiones a la atmósfera, lo que ha posibilitado un grado de penetración notable en la producción de electricidad.

Y es que, desde sus orígenes, el uso de energías renovables se ha fomentado por los poderes públicos para la consecución de diversos objetivos de interés general, como reducir el consumo de hidrocarburos, alcanzar una mayor independencia energética o proteger el medio ambiente.

Estos objetivos se encuentran actualmente más presentes que nunca. A la conocida situación de emergencia climática se ha unido la actual crisis geopolítica y energética del gas, lo que ha propiciado un importante paquete de medidas a nivel europeo y nacional para alcanzar la neutralidad climática en 2050 e independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos antes de 2030.

En este camino, las renovables están llamadas a desempeñar, una vez más, un papel primordial, y se espera de ellas que expulsen a los combustibles fósiles, no solo en la producción de electricidad, sino de toda la economía en general.

En efecto, este proceso de descarbonización pasa por electrificar al máximo posible la economía con electricidad de origen renovable. Y en los sectores económicos en los que la electrificación directa resulte inviable, como el refino de petróleo o el transporte pesado, la electricidad verde servirá para producir gases renovables, desplazando definitivamente a los fósiles.

Este ambicioso plan, por tanto, exige un despliegue sin precedentes de instalaciones renovables, tanto en cuanto a potencia que deberá instalarse como a la rapidez con la que deberán implementarse.

Hasta ahora, los objetivos fijados en materia de renovables se han venido alcanzando fundamentalmente a través de beneficios económicos para quienes invertían en unas tecnologías que, por aquel entonces, todavía no habían alcanzado el grado de madurez actual, y que conllevaban altos costes en comparación con otras alternativas menos verdes.

Qué duda cabe que hoy en día contamos con tecnologías verdes más maduras y eficientes. Ahora bien, el ingente volumen de inversión necesario para alcanzar las metas fijadas seguirá requiriendo del apoyo firme y decidido de los poderes públicos, aunque no solo en el ámbito económico.

Resulta crucial contar con un marco jurídico certero y estable, que ofrezca las señales y garantías necesarias para atraer la inversión necesaria, en un momento de transición crítico para nuestras economías.

Asimismo, el gran número de proyectos renovables actualmente en desarrollo está generando importantes retos en la fase de autorización administrativa de los mismos.

Como es sabido, el desarrollo de estos proyectos exige ponderar los intereses públicos y privados concurrentes, entablar relaciones con distintos agentes intervinientes y obtener una serie de autorizaciones a nivel industrial, ambiental, urbanístico, etc., lo que lleva tiempo y, en ocasiones, la necesidad de modificar el proyecto inicial.

En el ámbito nacional existe, sin embargo, una normativa desde el año 2020 que impone a los promotores desarrollar y poner en marcha los proyectos conforme a una cronología prestablecida, previéndose en una serie de “hitos administrativos” que debe ir alcanzando en unos plazos determinados. Esta regulación, pensada para evitar la especulación y asegurar la progresiva penetración de renovables, podría llegar a poner en riesgo la viabilidad de algunos proyectos por cuestiones ajenas al promotor o, incluso, propias de la tramitación administrativa.

En efecto, la necesaria intervención de distintas Administraciones en un procedimiento administrativo complejo, la pertinencia de llevar a cabo una correcta evaluación de los proyectos o la falta en ocasiones de un adecuado acogimiento por parte de la comunidad puede acabar demorando la tramitación más de lo previsto, impidiendo el desarrollo de algunas iniciativas que en otro caso serían viables.

Y, en fin, debe tenerse en cuenta que la anterior situación de “avalancha” de proyectos no será puntual. Se espera que próximamente el Gobierno convoque nuevas “subastas de capacidad”, donde se prevé poner en liza más de cinco gigawatios de capacidad de acceso a la red.

Así, conseguir una tramitación adecuada y ágil representa un nuevo reto al que nos enfrentamos si queremos ser capaces de cumplir nuestros objetivos climáticos y energéticos durante las próximas décadas. Se hace necesario, pues, un esfuerzo conjunto por parte de reguladores, administraciones, promotores y sociedad en general, de manera que seamos capaces de configurar, planificar y realizar una tramitación consciente y coherente con la estrategia que nos hemos marcado.

Todo ello, además, en un entorno en el que coexistirán iniciativas verdes de muy diversa índole. Los grandes proyectos empresariales convivirán con otras iniciativas de ámbito local o residencial. Y las tecnologías más conocidas, como la fotovoltaica o la eólica, compartirán el escenario con modelos híbridos, de autoconsumo o de almacenamiento, o incluso darán soporte a la electrólisis para producir hidrógeno verde, aun cuando la regulación normativa de estos nuevos modelos y tecnologías aún está por desarrollarse en muchos aspectos.

Por ello, un conocimiento y asesoramiento especializado, actualizado y práctico del ordenamiento jurídico aplicable a este sector resulta fundamental para definir la estrategia empresarial, la toma decisiones y, en definitiva, para el éxito de los proyectos.

*El autor es responsable del Equipo de Energías Renovables de ARPA Abogados Consultores