Este miércoles, el Gobierno de Navarra aprobó una declaración institucional contra el racismo, en una semana en la que el departamento de Políticas Migratorias y Justicia hacía público un estudio de ADN en el que la ciencia apoya una obviedad, que “todos y todas somos de todas partes”. Con esta frase, el consejero de este departamento, Eduardo Santos, inició el Foro Hiria de este viernes que versaba sobre racismo, convivencia y diversidad cultural.
“Las diferencias entre personas por su apariencia física o su identidad étnica no pueden traducirse en la disminución de los derechos de ciudadanía, ni mucho menos en la disminución de los derechos fundamentales que corresponden a todas las personas”, apunto el consejero en el acto, subrayando que “la igualdad es un componente básico para el ejercicio de la libertad”.
En este contexto, Eduardo Santos hizo un breve recorrido histórico sobre la construcción social del racismo basada en el ideario esclavista asociado a la ganancia mercantil, haciendo hincapié en que “la creación de la desigualdad siempre estuvo ligada a la posibilidad de limitar o eliminar la libertad de aquellas personas que considerábamos desiguales a la clase dirigente”. Y, recalcó que “la esclavitud de ayer es la pérdida de derechos de hoy, la precariedad en las condiciones laborales, la dificultad en obtener el estatus de ciudadanía o la muerte en el mar Mediterráneo o en una valla de la frontera Sur”.
Por ello, el consejero de Políticas Migratorias resaltó que a pesar de haber cambiado y avanzado como sociedad, “el germen del odio inoculado, por parte de unas élites ávidas únicamente de beneficios, permanece”, demostrando preocupación por la existencia de “partidos políticos que respaldan y defienden democracias en las que no caben los derechos humanos, tales como las extremas derechas”, que ya han alcanzado gobiernos como en el caso de Polonia, Hungría o Italia.
Ante este contexto actual, Eduardo Santos subrayó la importancia de “articular políticas públicas proporcionales y adecuadas que reconozcan el problema, lo sitúen en su marco específico y generen instrumentos que doten de garantía a las personas que se sientan discriminadas”, tal y como solicitan los organismos internacionales (el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo), que “reconocen el racismo estructural como uno de los principales problemas para la consecución de la igualdad en sociedades cada vez más diversas o plurales”.
Al respecto, el consejero de Políticas Migratorias recordó que su departamento lleva trabajando toda la legislatura en la articulación de mecanismos efectivos de promoción de la igualdad, no solo con campañas de sensibilización sino, también, con un proceso de participación continuo que integra iniciativas como el Foro de Personas Migrantes, la realización de los Planes contra el racismo y la Xenofobía y otras medidas como la promoción de la Red Antirrumores o la Oficina de Denuncias para la detección de supuestos de discriminación racista.
Para finalizar, Santos enfatizó la Ley foral contra el racismo y Xenofobia que próximamente se debatirá en pleno. Un texto pionero en el ámbito europeo que abarca medidas concretas en todos los ámbitos (deporte, sanidad, educación, vivienda, empleo, etc.).
De esta manera, el consejero destacó “la posición de liderazgo social” que asume el Gobierno de Navarra para promover de forma positiva políticas públicas y para “poner en valor la diversidad de orígenes y cultural de la sociedad en la que vivimos” a través de mecanismos novedosos como, por ejemplo, la justicia restaurativa, que responsabiliza a las personas de los actos improcedentes que se puedan cometer y pone el acento en la protección de las víctimas.
Por tanto, concluyó señalando que “nos colocamos así en la realidad que vivimos, en primera línea de combate ideológico contra las actitudes racistas, en defensa de la igualdad de la ciudadanía y de la cohesión social, así como en defensa de la libertad, la libre determinación y el libre desarrollo de la personalidad”.
