Garantizar el acceso a la vivienda de alquiler social

La segunda mesa de Foro Hiria profundizó en el papel estratégico de las bolsas de alquiler social como herramienta para movilizar vivienda vacía y ofrecer protección a colectivos vulnerables. A través de experiencias contrastadas en distintas comunidades autónomas, el debate puso el foco en los modelos de colaboración público-privada, los mecanismos de acompañamiento social y las políticas de incentivos aplicadas para ampliar el parque de vivienda asequible.

Participaron en esta sesión Arkaitz Arbaizagoitia, director de la unidad de Movilización de Vivienda de Alokabide (Gobierno Vasco); Rocío Rodellar, jefa del Servicio de Gestión de la Vivienda del Gobierno de Aragón; Berta Úriz, directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa; y Juanjo San Martín, coordinador autonómico de Cruz Roja Navarra, quienes ofrecieron una mirada complementaria desde sus respectivos ámbitos de actuación.

Uno de los aspectos más destacados fue la colaboración público-privada, considerada por todos como clave para activar viviendas vacías y ofrecer soluciones a quienes más lo necesitan. Arkaitz Arbaizagoitia afirmó que “la clave está en construir alianzas sólidas con propietarios privados, generando confianza y garantizando una gestión ágil y transparente que facilite la incorporación de viviendas vacías al parque social.” Esta gestión eficiente es fundamental para que los propietarios se sientan seguros y valorados, evitando que las viviendas permanezcan desocupadas.

Rocío Rodellar aportó el enfoque aplicado en Aragón: “El Gobierno ha implementado incentivos fiscales y ayudas directas que han sido fundamentales para movilizar un volumen importante de viviendas privadas hacia el alquiler social”. Estos incentivos, que incluyen bonificaciones en impuestos y ayudas a la rehabilitación, son esenciales para que los particulares participen en la bolsa pública.

Acompañamiento

El debate también puso énfasis en el acompañamiento social a las personas inquilinas como elemento indispensable para asegurar la estabilidad habitacional. Berta Úriz subrayó que “no se trata solo de ofrecer una vivienda, sino de acompañar a las personas. Esto implica apoyo en materia social, laboral y comunitaria”. Un planteamiento integral que busca resolver la carencia de techo y generar condiciones para que las personas puedan mantenerse en sus hogares.

Desde Cruz Roja Navarra, Juanjo San Martín reforzó esta perspectiva: “El acompañamiento social es un pilar imprescindible para evitar desahucios y fomentar la convivencia en los entornos donde se ubican las viviendas sociales”. La intervención de Cruz Roja incluye apoyo emocional y social, así como seguimiento activo para prevenir situaciones de vulnerabilidad que puedan derivar en la pérdida del hogar.

Apoyo social y económico

En cuanto a las políticas de incentivos para propietarios, Rocío Rodellar detalló que “las bonificaciones en el IBI y ayudas para rehabilitación han sido herramientas eficaces para que los particulares se sumen a estas iniciativas”. Arkaitz Arbaizagoitia añadió que “es necesario flexibilizar las condiciones contractuales y reducir la burocracia para atraer a más propietarios.” En este sentido, la simplificación administrativa es un factor decisivo para dinamizar la movilización de viviendas vacías.

Los participantes coincidieron en la necesidad de adaptar los modelos a las realidades locales, cada vez más complejas y cambiantes. Berta Úriz defendió que “cada comunidad tiene sus retos y oportunidades, por lo que es fundamental diseñar modelos que integren políticas de vivienda, servicios sociales y participación ciudadana”. Una gestión coordinada que articule recursos y competencias en beneficio de la población.

La reflexión conjunta con la que se cerró la sesión resumió la visión compartida: “Solo con un enfoque colaborativo, multidisciplinar y centrado en las personas podremos avanzar hacia un acceso a la vivienda digno y sostenible para todos”.

Arkaitz Arbaizagoitia, director de la unidad de Movilización de Vivienda de Alokabide (Euskadi)

“Nuestro modelo de vivienda se basa en la colaboración estrecha con los ayuntamientos”

Arkaitz Arbaizagoitia, director de la Unidad de Movilización de Vivienda de Alokabide (Gobierno Vasco), presentó el programa Bizigune, creado en 2002 como una apuesta pionera para movilizar vivienda vacía. “Nació con el objetivo de activar 5.000 viviendas y con una filosofía innovadora: separar los intereses de propietarios e inquilinos mediante contratos distintos”, explicó. El modelo se articula a través de un contrato de usufructo mínimo de cinco años con el propietario, mientras que el inquilino paga un alquiler social que no supera el 30% de sus ingresos.

Veintidós años después, Bizigune ha mantenido su esencia, aunque adaptándose a los cambios del mercado. Actualmente gestiona 7.500 viviendas y establece un límite de renta para los propietarios de 675 euros mensuales, mientras que la renta media abonada por los inquilinos ronda los 250 euros. La diferencia la cubre el Gobierno Vasco mediante subvenciones. “No competimos con el mercado libre, pero sí debemos adaptarnos a él”, indicó Arbaizagoitia, quien defendió la importancia de este modelo como complemento a la promoción de vivienda protegida. “Bizigune sigue siendo una herramienta útil, eficaz y una referencia en nuestras políticas públicas de vivienda”, concluyó.

Rocío Rodellar, jefa del Servicio de Gestión de la Vivienda del Gobierno de Aragón

“Nos centramos en dar respuesta rápida a los casos de desahucios inminentes”

Rocío Rodellar, jefa del Servicio de Gestión de la Vivienda del Gobierno de Aragón, explicó que su bolsa de alquiler social se ha orientado principalmente a responder a situaciones de emergencia habitacional, como desahucios inminentes sin alternativa. “Actuamos a través de dos brazos ejecutores: la Dirección General de Vivienda y la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, encargada de gestionar los alquileres y realizar el seguimiento de los inquilinos”, detalló.

Las viviendas, repartidas por todo Aragón —desde capitales de provincia hasta pequeños municipios—, proceden de diversas fuentes: patrimonio del Gobierno autonómico, cesiones de otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o incluso propietarios particulares. La intervención comienza a partir de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, que permite detectar estos casos y activar una primera entrevista de valoración. “No es lo mismo adjudicar una vivienda a una familia con menores que a una pareja jubilada”, apuntó Rodellar.

Los inmuebles tienen una superficie media de 66 metros cuadrados, con un alquiler máximo de 400 euros para particulares. Los inquilinos abonan de media 106 euros, sin superar el 40 % de sus ingresos ni 3 €/m². Además, se realiza un seguimiento constante y se activa la derivación a servicios sociales en caso de conflicto.

Berta Úriz, directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa

“La cercanía y el apoyo social marcan la diferencia en la gestión de la vivienda pública”

Berta Úriz, directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa, defendió la gestión cercana y profesional de la bolsa de alquiler, equiparada en criterios y seguimiento al parque público que promueve la sociedad pública navarra. “La clave está en el trato directo al inquilino, en el acompañamiento técnico y social. Nos permite trabajar de la mano con los servicios sociales y también con el vecindario”, afirmó durante su intervención en el encuentro.

Úriz destacó el valor del programa como ejemplo real de colaboración público-privada: “Sin necesidad de construir, sumamos viviendas al parque público gracias a la implicación de propietarios particulares, ayuntamientos o entidades sociales. Es inversión privada al servicio del interés general, sin la carga que supone una promoción de obra nueva”.

Entre las ventajas para los propietarios, enumeró el cobro garantizado de la renta, una subvención de cuatro mensualidades iniciales a fondo perdido, seguros contratados, reducción fiscal del 70 % —y hasta el 90 % en zonas tensionadas—, y financiación sin intereses para obras de adecuación hasta 22.500 euros. Además, se asumen los posibles vicios ocultos que aparezcan al inicio del contrato.

Las viviendas se adjudican desde un censo único de solicitantes, con más de 17.000 personas inscritas. “Es una red pública sólida, cercana y con todas las garantías, también para quienes alquilan”, concluyó.

Juanjo San Martín, coordinador autonómico de Cruz Roja Navarra

“Para las personas vulnerables, acceder a la vivienda es una carrera de obstáculos”

Juanjo San Martín, coordinador autonómico de Cruz Roja Navarra, puso voz a la situación límite que viven muchas personas vulnerables, para quienes acceder a una vivienda se convierte en una carrera de obstáculos. “No es solo una cuestión de renta. A menudo confluyen múltiples factores: discriminación, aporofobia, trabas administrativas…”, advirtió. En su intervención, denunció condiciones de vida extremas: “Habitaciones por 500 euros sin derecho a espacios comunes, salones reconvertidos en dormitorios, pisos de 60 metros cuadrados divididos en cuatro habitaciones con un único baño…”

San Martín alertó también del “impacto invisible” que esta inseguridad habitacional provoca: “Hay familias que solo consiguen vivienda mientras dura la ayuda. Cuando se acaba, el contrato se extingue, y con él cualquier posibilidad de estabilidad”. Además, señaló requisitos cada vez más excluyentes: “Contrato indefinido, tres nóminas, y últimamente se rechazan unidades con menores”.

A esta realidad se suma la falta de oferta, las reticencias de inmobiliarias a alquilar a personas con ayudas o la negativa de seguros de impago. “Incluso con ingresos, el acceso se complica”, resumió. Por último, agradeció a quienes, desde la responsabilidad, sí arriendan a personas vulnerables y pidió no olvidar el daño a la salud mental que implica vivir bajo esta constante amenaza de desalojo.