sevilla. La juez que investiga los ERE fraudulentos ha aplazado la comparecencia, prevista para mañana, para decidir sobre la fianza de responsabilidad civil que impone al exfutbolista Pizo Gómez, imputado por percibir 460.742 euros de una póliza individual. La juez Mercedes Alaya imputa a Pizo Gómez, exjugador del Athletic, Osasuna y del Atlético de Madrid, entre otros equipos, por percibir 460.742 euros de un póliza individual, aunque el imputado sostiene que la Junta recurrió a esa fórmula para pagar a su empresa -de la que él era delegado en Navarra- unos cursos de prevención de riesgos laborales. Según su declaración, el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.
Mercedes Alaya tenía pendiente convocar este acto desde el 24 de noviembre del 2011, cuando Pizo compareció como imputado, pero se negó a declarar tras un incidente de su abogado, José María Calero, con la magistrada. Alaya reprochó a Calero estar haciendo gestos a su cliente, por lo que el letrado abandonó el despacho y Pizo Gómez fue atendido por otro de los abogados, tras lo cual se negó a seguir respondiendo preguntas.
Ante la decisión de Pizo Gómez, Alaya acordó pedir a su empresa, CENFORPRE, informes sobre su grado de participación en el accionariado, sus cargos y funciones, y los cargos de la persona a quién el imputado identificó como su jefe. También pidió al Registro de la Propiedad la historia registral de la compañía, y a un juzgado de Pamplona las diligencias por delito fiscal contra el futbolista. Además, la juez acordó pedir a la Hacienda Foral de Navarra las reclamaciones que tenga contra Pizo Gómez o su empresa y al Consorcio de Compensación de Seguros el pago de 314.514 euros que le hizo.
