Imputados el padre y un hermano de Arantxa Sánchez Vicario por apropiación indebida

barcelona. La Audiencia de Barcelona imputó al padre de Arantxa Sánchez Vicario, Emilio Sánchez, a su hermano Javier Sánchez, al abogado Bonaventura Castellanos y al economista Francisco de Paula Oro por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta, falsedad en documento público y deslealtad profesional.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Sección 10 de la Audiencia estimó el recurso de apelación de la extenista contra la decisión del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona de archivar la causa. El juzgado la archivó al considerar que no había "indicios de criminalidad", y que la competencia de la investigación correspondía a tribunales con jurisdicción en Andorra, Luxemburgo y Suiza.

La Audiencia cree que este archivo se produjo sin haberse hecho suficientes diligencias en la instrucción que permitieran saber la "suficiencia o no" de indicios de criminalidad, por lo que citó a los querellados a declarar como imputados. Para el Alto Tribunal catalán, el archivo del juzgado de Instrucción fue "incorrecto", ya que la ley reserva este procedimiento para los casos en que no haya indicios suficientes de la perpetración del delito o cuando se desconozca el autor y, en este caso, los supuestos culpables están perfectamente identificados con nombre, apellido y domicilio. También criticó que el juzgado aceptara una alegación de Castellanos con prueba documental adjunta con la que probar su inocencia, sin posibilidad de que la extenista pudiera replicar: "Si se opta por inadmitir a trámite la querella, no se puede, al mismo tiempo, aceptar que uno de los querellados presente alegaciones".

CUENTAS EN EL EXTRANJERO Además, afirmó que el criterio de territorialidad en el lugar donde se cometió el supuesto delito "es preferente a cualquier otro", por lo que, aunque las cuentas bancarias estaban en Andorra, Luxemburgo y Suiza, los movimientos bancarios se ordenaron desde Barcelona.

Sánchez Vicario dejó en manos de su padre y Castellanos la administración y gestión de las empresas que había creado con su patrimonio y los "elevados beneficios" fruto de su carrera profesional desde que tenía 14 años, explica la interlocutoria. Ella había otorgado poderes notariales a su padre y al que era el abogado de la familia por la "lógica confianza" que tenía en ellos, pero en 2005 recibió una sanción administrativa por una liquidación incorrecta del IRPF de 5.250.000 euros, por lo que decidió encargar una auditoría interna de las sociedades de las que ella era la accionista mayoritaria.

Según el relato de los hechos, la auditoría permitió constatar la existencia de "numerosas órdenes" de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, hermano, el abogado y un economista, por un importe de más de 16 millones de euros. Sánchez Vicario remitió los poderes notariales para asumirlos ella misma y, tras el "silencio" de los cuatro imputados a las explicaciones que les pidió, interpuso una querella ante el juzgado de instrucción de Barcelona.

Nuevo capítulo repleto de un bochorno inimaginable para la tenista en sus primeros años de competición, cuando la imagen más recurrente de la prensa deportiva del país era la de Arantxa celebrando sus títulos con su familia.