Un centro de investigación analizará la salud de los trabajadores de Fukushima a largo plazo
TOKIO. La Fundación de Investigación sobre los Efectos de la Radiación (RERF, de sus siglas en inglés), con sede en Hiroshima (sur de Japón), comenzará estos estudios el próximo mes de abril, según anunció el Ministerio nipón de Sanidad y Trabajo, que no precisó hasta cuándo se prolongarán.
Este centro de carácter independiente pero con financiación de Japón y de Estados Unidos fue fundado en la localidad nipona arrasada por la bomba atómica de 1945, y desde entonces lleva a cabo estudios sobre los efectos de la radiactividad sobre la población local.
Se trata del primer estudio de este alcance sobre las personas que han trabajado para contener la crisis nuclear de Fukushima y que han podido resultar expuestos a altas dosis de radiación, según las autoridades niponas.
En particular, la RERF recopilará testimonios y datos médicos de las 20.000 personas que han participado en estas labores, realizará estimaciones de las dosis de radiación recibidas y, a partir de estos datos, elaborará un estudio epidemiológico.
El estudio se llevará a cabo en colaboración con varias universidades y centros médicos estatales, y comenzará con trabajadores residentes en la prefectura de Fukushima.
El Gobierno ya llevó a cabo revisiones médicas a los 2.000 trabajadores empleados en las "operaciones de emergencia" realizadas en la central de Fukushima Daiichi entre marzo de 2011 y diciembre de 2012.
Durante esta primera etapa, las tareas se centraron en controlar la fusión nuclear causada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.
El Gobierno decidió entonces elevar el tope de radiación máxima para los trabajadores en la accidentada planta a 250 milisieverts, más del doble de los 100 miliserviets anuales considerados seguros, tras asumir que la situación de emergencia no se prolongaría mucho.
Como resultado, unos 170 trabajadores fueron expuestos a dosis de radiación que aumentan el riesgo de cáncer, según datos del Ejecutivo nipón.
Actualmente, unos 7.000 operarios trabajan en las tareas de descontaminación, desmantelamiento y control de los vertidos nucleares, que también han causado graves daños a la agricultura y a la pesca locales.
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