bilbao - Jueza de Instrucción Criminal y Penal Municipal de Bogotá, Colombia, entre 1982 y 1987, Marta Lucía González llegó a Euskadi en 1996 en compañía de su familia como cónsul para el norte de España con jurisdicción en la CAV, Cantabria, La Rioja y Burgos, cargo que desempeñó hasta junio de 2000. En esas fechas el Gobierno colombiano del momento decidió que debía regresar a su país sin importar el peligro que aún corría su vida y la de su familia, pues las amenazas de muerte que pesaban en su contra nunca cesaron ya que muchas de las personas que “identifiqué, investigué y detuve como juez de Orden Público de Bogotá, como autoras del genocidio de 90 personas acaecido con fines terroristas, aún cumplían condena o estaban activas y beligerantes en las filas delincuenciales respectivas”, explica.
proceso lento y peligroso La masacre a la que se refiere tuvo lugar en la región del Urabá y fue la primera de esa época de terrorismo que asoló al país. “Como jueza se me asignó la investigación y juzgamiento de ese delito”. Con rigor y tenacidad, primero logró identificar a varios sicarios, luego a los autores intelectuales; entre otros, temidos líderes paramilitares, grandes capos del narcotráfico como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, a miembros del Ejército y de la Policía Nacional en servicio activo y a un alcalde municipal.
Por este proceso sufrió varios atentados fallidos contra su vida. “Para protegerme, el entonces presidente del país me nombró cónsul de Colombia en Jakarta (Indonesia) a donde viajé en compañía de mi esposo. Como no pudieron matarme, en venganza y como advertencia a los jueces de mi país, asesinaron a mi padre, Álvaro González Santana, abogado, economista y profesor universitario y quien se había desempeñado, entre otras importantes tareas públicas, como senador de la República, representante a la Cámara en el Congreso Nacional y gobernador del Departamento de Boyacá”, recuerda con dolor.
Las amenazas en su contra nunca cesaron; la sentencia de muerte por impartir justicia era inapelable. “Estaba claro que no podría volver”. Por esa razón, decidió junto a su familia quedarse en Bilbao. La CAV, liderada por el lehendakari Ibarretxe y miembros de su equipo de Gobierno como Josu Legarreta, y el diputado foral de Vizcaya Josu Bergara, en un acto de solidaridad humanitaria y debido a que fueron testigos de mi desempeño como cónsul de Colombia en Bilbao, me brindaron su apoyo”, explica con profundo agradecimiento.
Marta Lucía trabajó un tiempo como consultora jurídica UNICEF, País Vasco y como investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la UPV-EHU. Desde 2004 sus derroteros profesionales se han encaminado hacia la gestión empresarial sin olvidar su trabajo con organizaciones solidarias de apoyo y promoción a la población inmigrante, principalmente mujeres de Latinoamérica.
A pesar de que desde hace 28 años vive en el exilio sigue manteniendo su nacionalidad colombiana, junto a la local y, además, “participo activamente de los derechos que puedo ejercer desde aquí, como el del voto; por eso el próximo 2 de octubre votaré en el plebiscito con un sí al acuerdo final de la Habana, aferrada a la esperanza de paz que representa y sin excepción”. “Y en la distancia siento el discurrir de la historia de Colombia, junto al discurrir de la historia de este país que nos ha acogido y al que también queremos y sentimos nuestro”.
desigualdad social Consciente de que la realidad colombiana que dio lugar al conflicto armado se generó en circunstancias que heredó el país desde la época colonial española, está convencida de que “no habrá paz real y duradera en Colombia sin transformaciones sociales”.
Porque fueron la injusticia social, la distribución inequitativa de la tierra y de la riqueza, el poder político y económico en manos de una reducida clase burguesa las “que favorecieron que los antiguos guerrilleros de los años 50 encontraran un caldo de cultivo que sirvió como hervidero para ideas radicales”.
