El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene como principal responsabilidad "el mantenimiento de la paz y la seguridad" en el mundo. Más de un año después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, el órgano sigue atado a un sistema de vetos que impide cualquier intervención reseñable, lo que ha reabierto el sempiterno debate sobre su posible reforma.

El Consejo, considerado el principal órgano ejecutivo de la ONU, tiene 15 sillas, de los cuales diez se renuevan por turnos, cada dos años. Las cinco restantes están reservadas siempre a cinco países determinados, a los que se les concede también la potestad de vetar cualquier resolución vinculante que se ponga sobre la mesa.

Construido al albor de la Segunda Guerra Mundial, estos cinco puestos permanentes reflejan el peso de las potencias vencedoras, de tal manera que en términos reales durante décadas cualquier decisión de calado ha tenido que recibir el beneplácito explícito --o al menos la abstención-- de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció el pasado fin de semana, en sus declaraciones más claras sobre este tema hasta la fecha, que "el sistema de Bretton Woods y el Consejo de Seguridad reflejan las relaciones de poder de 1945". "Y muchas cosas han cambiado desde entonces", sentenció en una comparecencia ante los medios en los márgenes del G7 en Hiroshima (Japón).

Para Guterres, "es momento de reformar" los marcos políticos y financieros globales, lo que pasa a su juicio por "redistribuir el poder en línea con las realidades del mundo de hoy". Esta redistribución de poder, sin embargo, implicaría que las principales potencias de mediados del siglo XX accedieran a perder o al menos compartir su actual peso político.

La potestad para una hipotética reforma del Consejo de Seguridad recae en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados todos los Estados miembro de la organización. Su sesión anual de debates da cabida a numerosos discursos de líderes que reclaman dicha reforma y la Asamblea cuenta de hecho con un grupo informal de trabajo, pero no hay avances prácticos.

Reformar el Consejo de Seguridad pasaría por modificar la Carta fundacional de Naciones Unidas, que establece a su vez en el artículo 108 la necesidad poner de acuerdo al menos a dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. El umbral no se antoja inalcanzable si no fuese por la apostilla posterior: "Incluyendo todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad".   

REFORMA, PERO NO MUCHO

Las potencias históricas no parecen dispuestas a renunciar a su actual peso y se limitan si acaso a estar dispuestas a compartirlo. Tal es el caso de Rusia y China, que sí han planteado la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad pero para incorporar voces de potencias emergentes como Brasil, Sudáfrica o India, países con los que comparten el foro BRICS.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aprovechó la presidencia rotatoria del Consejo, en abril, para señalar que, "sin duda", es necesario "erradicar" la actual infrarrespresentación de países de África y América Latina y sugirió tomar como referencia el G20 o "algo que recuerde" a este formato.

Estados Unidos también está "comprometido con la reforma" del consejo, como explicó su embajador ante la ONU, Thomas Greenfield, al exponer el mes pasado las posiciones de Washington sobre el futuro de un órgano que considera "indispensable" pero "está lejos de ser perfecto".

La Administración norteamericana se abre a un formato que "refleje mejor el mundo y las perspectivas geográficas diversas", lo que pasa por que no sólo sean 15 países o que haya asientos permanentes para naciones de África y América Latina. "El Consejo de Seguridad debería reflejar las realidades globales de hoy, no las de hace casi ocho décadas", proclamó Greenfield.

Estados Unidos está dispuesto a escuchar "soluciones creativas" al tiempo que avisa de que la ONU, como institución, encara "un punto de inflexión". No en vano, todas las sanciones que se han adoptado en los últimos quince meses para responder a la invasión rusa sobre Ucrania se han hecho al margen de Naciones Unidas, cuando precisamente uno de los principales herramientas históricas del Consejo de Seguridad ha sido la aprobación de castigos vinculantes.

En el terreno internacional también hay voces que si bien ven "urgente" la reforma, no creen que añadir más vetos vaya a solucionar los actuales desafíos. Así lo considera el Grupo Unidos por el Consenso, del que España forma parte junto a Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, México, Pakistán, Corea del Sur, San Marino y Turquía, contrarios a "privilegios desiguales".

Este grupo aboga por un órgano "más democrático, responsable, representativo, transparente y efectivo", lejos de "injusticias históricas" y donde haya "una representación ampliada y una mayor voz para regiones en desarrollo y países pequeños.   

CRÍTICAS DE UCRANIA

Entre las voces más críticas con la ONU en este último año figura la de Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, ha reclamado que Rusia sea expulsada de todos los foros de la organización internacional. En abril, denunció que Rusia, un "Estado terrorista", tuviese el privilegio de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad, en virtud de un sistema de turnos que rota por meses.

A Kiev también llegaron los ecos del reciente discurso de Guterres, "unas palabras que el mundo llevaba mucho tiempo esperando", en palabras de Mijailo Podoliak, uno de los principales asesores de Zelenski. En su opinión, "el órgano que se supone que debe garantizar la seguridad global ya no funciona" y se ha convertido en "una burla diaria del sentido común y el Derecho Internacional".

"Es tiempo de que se bajen los pasajeros que se han subido al coche sin billete", ha pedido Podoliak, con el dedo apuntando a Moscú.