El vice primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha anunciado este miércoles que Dublín denunciará a Londres en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos por la reciente legislación aprobada por Reino Unido que juzgará los violentos asesinatos ocurridos durante las tres décadas de conflicto norirlandés.

Martin ha recalcado que esta decisión se ha tomado "después de mucha reflexión y cuidadosa consideración", y que en todo momento se ha tratado de adoptar "un enfoque centrado en las víctimas". La normativa británica contempla amnistías para aquellos que cometieran delitos durante el conflicto a cambio de información.

Según ha destacado el 'número dos' del Ejecutivo irlandés, "varios observadores internacionales, entre ellos el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también han planteado serias reservas sobre esta legislación".

Asimismo, Martin ha incidido en que "lo más importante" es que incluso la población de Irlanda del Norte "se opone a esta legislación", especialmente las familias de las víctimas, que serán quienes se vean "más directamente afectadas" por la ley, según recoge la cadena de noticias británica Sky News.

La controvertida ley juzgará los violentos asesinatos de la época de 'Los Problemas' ('The Troubles', en inglés), el eufemismo con el que se conoce al conflicto norirlandés, que se cobró durante tres décadas la vida de más de 3.500 personas hasta la firma de los Acuerdos de Viernes Santo en 1998.

Esta ley establece una comisión independiente que se encargará de examinar las muertes, si bien uno de los puntos más controvertidos es que incluye una amnistía para todos aquellos que cometieran delitos durante el conflicto, pero que se abran a brindar información valiosa a la mencionada comisión.

La legislación, inspirada por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, impide la apertura de nuevas causas o investigaciones al respecto, por lo que todos los casos tendrán que pasar por la comisión independiente.

A este respecto, Martin ha denunciado que "incluso en los casos en los que no se conceda la inmunidad", las revisiones llevadas a cabo por la comisión "no son un sustituto adecuado de las investigaciones policiales", llevadas a cabo siempre "de forma independiente, adecuada y con suficiente participación de los familiares".