PAMPLONA. El informe, solicitado por el propio pleno municipal, explica que en 2000 el ayuntamiento planteó construir nuevas instalaciones deportivas alegando razones de salubridad pública en las viejas piscinas de verano.
Inicialmente se pensó construir una piscina polivalente de verano y un edificio social y para ello se tramitó una modificación urbanística y se ejecuta un procedimiento expropiatorio de una parcela, señala la Cámara de Comptos en un comunicado.
En 2005, sin embargo, el Ayuntamiento aprueba otra modificación urbanítica y destina un nuevo espacio dotacional para albergar las nuevas instalciones, desechando la anterior alternativa.
El proyecto pasa a denominarse Piscina Cubierta de San Adrián, e incluye una piscina polivalente, para su uso tanto en verano como en invierno, espacios para pistas deportivas y vestuarios, con un presupuesto de 4,4 millones.
Tras aprobarse el proyecto en abril de 2006, en septiembre de ese año el pleno aprueba la adjudicación de las obras de la piscina por un precio de 3,6 millones y un plazo de 9 meses.
La ejecución del contrato anterior alcanzó los 5,3 millones, con una desviación sobre el importe del 46 por ciento.
Teniendo en cuenta todos los elementos (proyecto, obras y equipamiento), el coste total del complejo según Comptos asciende a 6,4 millones (unos 900 euros por habitante), y si se considera además el gasto de las expropiciones relativas a la primera ubicación, el coste total es de 7,6 millones.
En un principio, el Ayuntamiento había previsto financiar la obra con subvenciones, venta de patrimonio y las devoluciones del IVA soportado dado su carácter "a devolver".
No obstante, el aumento del gasto y la menor captación de recursos de la venta del patrimonio le obligaron a endeudarse y a aportar mayores recursos presupuestarios, lo que condujo al Ayuntamiento a "una difícil situación financiera", destaca Comptos.
El informe señala que "se ha incumplido de forma reiterada la normativa de contratación", tanto en el contrato de asistencia para la redacción del proyecto y dirección facultativa como en las obras de construcción.
Así, explica Comptos, para la asistencia, "hay irregularidades en la mesa de contratación y en las facturas que presenta el adjudicatario, que incluyen estudios que no constan en el expediente".
En cuanto a las obras, Comptos indica que no se justifica el precio pactado dos años después de la adjudicación ni la revisión de precios acordada, y tampoco se determina la parte de responsabilidad del adjudicatario por el retraso de las obras.
El informe también incide en las "deficiencias de gestión" observadas, especialmente en que "no se haya garantizado que los servicios de control interno jurídico y económico del Ayuntamiento hayan dispuesto de la informción y documentación pertinente para su adecuado y preceptivo asesoramiento, tramitación y control".
En ese sentido, Comptos afirma que la temporalidad y provisionalidad en la cobertura del puesto de interventor municipal "ha resultado relevante para entender, en parte, esta situación".
Además, en el periodo de marzo de 2007 a abril de 2008, la plaza de interventor estuvo vacante.
Por otra parte, añade el órgano fiscalizador, de la documentación revisada "no se observa un adecuado asesoramiento técnico al Ayuntamiento por el equipo redactor de los proyectos y de la dirección facultativa de las obras, actividades para lo que fueron contratados por aquél".
En definitiva, resalta, "se trata de una gestión larga, con una deficiente planificación de las necesidades, con un proyecto incompleto que se va modificando y adecuando a los cambios experimentados".
Según Comptos, en este proyecto se observa en general "falta de mecanismos de gestión, control y asesoramiento exigibles a todas las administraciones públicas, agravado por la temporalidad de los puestos de intervención y secretaría".
Este conjunto de actuaciones, concluye el informe, "ha generado un incremento considerable de su coste, serias dificultades en el Ayuntamiento para sufragarlo, unos gastos en proyectos y terrenos que no se han materiaizado e indicios de responsabilidad contable en algún supuesto".
Por último, la Cámara de Comptos apunta un posible "sobredimensionamiento" de las instalaciones para atender las necesidades reales de la población de San Adrián.
