Zarraluqui 'inventa' para Guenduláin una demanda de 39.000 pisos en 30 años

pamplona - El consejero de Fomento y Vivienda Luis Zarraluqui justificó ayer la "fantasmada" -en palabras de Txema Mauleón (I-E)- de Guenduláin (18.000 viviendas) alegando que la responsabilidad del Gobierno foral es tener suelo "reservado, ordenado y preparado" para cuando haya necesidad de vivienda. Una "política preventiva" que impida que ocurra, dijo, como con Mendillorri y Sarriguren donde hubo que expropiar suelo en la periferia de la ciudad para dar salida a la demanda. El titular de Vivienda hizo cálculos sobre la producción de viviendas en los últimos años para asegurar que, construyendo en la media histórica 1980-2013, necesitaríamos suelo de aquí a los próximos 30 años para más de 78.500 viviendas en la Comarca de Pamplona (142.821 en Navarra), y la mitad (39.376) si la proyección se hace por "debajo" de la media. De esta forma tan matemática -proyectando los últimos 34 años en los próximos 30- llegó a casar los datos de la demanda potencial (entre los años de mucha, poca y mediana producción, es decir, antes durante y después de la crisis) con la oferta que, a su entender, existe en este momento en el ámbito comarcal para concluir que "Guenduláin y el PSIS del Camino de Santiago (área del TAV de Etxabakoitz) son "los únicos suelos de reserva seguros para los próximos 30 años (hasta 2044)" y que, precisamente, suman 31.100 viviendas (más 4.100 de Donapea, suspendido en tribunales).

Zarraluqui, que compareció en el Parlamento a petición de Bildu y Aralar tras conocerse la sentencia que anula el PSIS, señaló que, en periodos razonables, un suelo tarda en desarrollarse unos cinco año, si bien este periodo se puede dilatar hasta siete, ocho o nueve años. Por ello dijo que "hace falta retramitar el plan" de Guenduláin. Aclaró además que el Gobierno tiene las riendas para "decidir cuando se urbaniza Guenduláin" que, además, se "puede desarrollar por fases". No obstante, dejó claro que, en su caso, hubiera optado por otra fórmula como la expropiación porque es, dijo, un sistema más "limpio". "Ahora ya está hecho y hay que seguir adelante, de lo contrario las consecuencias serían complejas", advirtió. Tras la críticas de los grupos de la oposición se mostró además "optimista" sobre la mejora de la situación económica y aseguró que urbanizaciones como Zizur y Barañáin también supusieron "saltos" en la construcción de la ciudad. Respecto a la sentencia dijo que el PSIS se ha anulado por el TSJN por "defectos formales", por no incluir en el "momento procedimental oportuno dos documentos secundarios", informes que están incluidos en el expediente "de forma positiva". Y la sentencia reconoce que el Gobierno tiene "competencias plenas en materia de vivienda y ordenación del territorio". Así, el Gobierno ha decidido aceptar y no recurrir la sentencia lo que significa que va a "subsanar" los "defectos formales" y seguirá adelante con el plan.

En relación a la situación jurídica aseguró que "no vamos a socializar las pérdidas" y abundó que el Gobierno no ha invertido ni un euro. Respecto al valor "actual" del suelo dijo que sólo con la repercusión de suelo de las VPO sería 108 millones. Y dejó claro que los aprovechamientos se consumarán con el proyecto de reparcelación porque "no hay intercambio monetario". Marivi Castillo (UPN), que reiteró que no había que indemnizar a nadie, no entiende que la "izquierda exquisita" no apoye la creación de "reservas para vivienda pública".

Desde Bildu, Koldo Amezketa no entiende que el Gobierno insista con el plan cuando no ha desembolsado dinero y el acuerdo con los promotores fue en base a futuros aprovechamientos urbanísticos que no se producirán, siendo optimistas, hasta dentro de muchos años por lo que quiso saber las "obligaciones del Ejecutivo" en este momento. Además, alertó que las 34.000 viviendas previstas en 30 años son una quimera teniendo en cuenta que hay solares vacíos ya urbanizados y viviendas sin ocupar, además de denunciar que el crecimiento del centro a costa de "abandonar y despoblar otras zonas de Navarra".

Txentxo Jiménez, de Aralar, acusó a Zarraluqui de "omitir" un "elemento determinante" como si el "crack de la burbuja especulativa, la pérdida de 10.000 puestos de trabajo y la bancarrota de muchas empresas no hubiera tenido consecuencias". Y queda una sentencia, dijo, por un recurso sobre las plusvalías generadas por los promotores que está por dilucidar en "segunda instancia". A su vez, planteó dudas sobre la viabilidad de los derechos edificatorios con los que se saldó el pago ya que al quedar anulado el PSIS, dijo, habría que ver si se anula el "convenio". También cuestionó la razón por la que el Gobierno "prioriza Guenduláin y Etxabakoitz" y anula otros como Berrioplano. Se preguntó si era un desarrollo sostenible y, lo más importante, "¿quién va a comprar esas viviendas?".

Por parte de I-E, Txema Mauleón, contrario a un modelo que "nos ha llevado al desastre", quiso saber qué ocurrirá si el próximo Gobierno foral descarta el proyecto teniendo en cuenta los datos demográficos que indican una bajada de población y un aumento del número de viviendas vacías porque "no hay demanda". Interrogó también a Zarraluqui sobre lo "lógico y sostenible" esta urbanización carente de todas las infraestructuras, y abrió dudas sobre los derechos de los bancos sobre terrenos a los que los promotores no hayan podido hacer frente al pago de préstamos.

La portavoz socialista Maite Esporrín defendió que la situación actual no es la misma que en 2005 donde se atendieron "intereses privados" que se "cargaron a lo público". "El tiempo corrobora los errores como ha ocurrido en actuaciones como Etxauri Forestal y Los Arcos", reiteró. Una cosa es crear una bolsa de suelo público pero a precio de mercado, y "no especulativo por cereal", en relación al concurso de suelo. A su entender es mejor "recoser la ciudad y terminar Erripagaña, Artiberri o Lezkairu, además de la vivienda vacía. "La de-manda no es real, hay demanda pero de alquiler y no deben ser los promotores los que planifiquen", remarcó.

Finalmente, Eloy Villanueva (PP) recordó que el proyecto salió en su día con apoyo del PSN y, si bien "no nos gusta cómo se hizo" y le "chirría el pago en aprovechamientos", además de cuestionar la "libre concurrencia" del concurso, ahora hay que "cumplir con compromisos firmados".

Fecha de reparcelación: 2015. El consejero explicó que abrirá un proceso de participación pública del proyecto cuyo documento estará listo en junio y calcula que entre julio y noviembre estará tramitado el PSIS ya actualizado. Estimó también que los proyectos de reparcelación podrían culminar en febrero de 2015 de tal forma que para marzo del próximo año se podría conseguir la "transmisión de parcelas".

Devolver la contribución urbana. Zarraluqui señaló que los ayuntamientos afectados (Cizur fundamentalmente) tendrá que devolver la contribución urbana que han venido cobrando al quedar anulado el PSIS (260.000 euros anuales).

zarraluqui "Hay 3 suelos de reserva seguros"

El consejero detalló ayer los suelos potencialmente urbanizables, y recogidos por los Planes de Ordenación del Territorio, y afirmó que el plan de Berrioplano está paralizado, el de Egüés "paralizado y probablemente descartado", los de Aranguren "descartados por la EMOT", el planeamiento de Noáin "paralizado desde hace dos años", y el de Cizur "descartado por la EMOT". El PSIS de Donapea está "anulado por un recurso de Galar que no es firme. Así, Guenduláin (18.000) y Etxabakoitz (9.000) son "los únicos suelos de reserva seguros".