Con 559 habitantes censados, el Valle de Juslapeña cuenta con un intenso historial de disputas vecinales a raíz de diferencias por patrimonio, propiedades y conflictos urbanísticos, en su mayoría. Estos enfrentamientos han llevado a un cruce de denuncias entre varias de las familias que viven en sus 15 concejos y en más de una agresión. Por ejemplo, en octubre de 2010, un joven de Arístregui, perteneciente al Ayuntamiento de Juslapeña, recibió seis puñaladas después de varios años de enfrentamientos, amenazas y denuncias entre unos y otros. El último suceso tuvo lugar hace 12 días, con la detención de un vecino de Larráyoz de 75 años por presunta agresión a una administrativa de la Casa Consistorial; mujer que fue denunciada por los mismos hechos por el detenido. Pese a los conflictos presentes, los vecinos apenas quieren pronunciarse sobre estos hechos.
comienzo en 2007 Sí ha querido hacerlo Ángel María Huarte, concejal de Juslapeña e hijo del detenido. Huarte define este hecho como la explosión del “constante acoso y derribo que sufrimos por parte del Ayuntamiento”. Un acoso, señaló, que se produce hacia cada acción personal que su familia y su compañera de partido, Amalia Zabalza, emprenden. Según Huarte y Zabalza, este enfrentamiento comenzó en 2007, después de que Zabalza denunciara ciertas irregularidades administrativas del Ayuntamiento, con la construcción de una casa rural o los planes para convertir en una granja escuela la finca de la familia Zabalza, entre otros. Desde entonces, se han sucedido denuncias entre ambas partes. En total, la suma de expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento a ambos concejales es de 13, todos recurridos al Tribunal Administrativo de Navarra (el TAN), y “todos ganados”, asegura Zabalza. Expedientes, según el Consistorio, sobre construcciones ilegales que el TAN demostró que no lo eran. En algunas de estas resoluciones, este tribunal señala que “todo el rigor que exige el Ayuntamiento al particular está completamente injustificado”, que éste actuó de manera “inadmisible y de mala fe”, que sus acciones “carecen de fundamento” o que el Consistorio de Juslapeña aplicó “previsiones legales de coacción administrativa a un supuesto ajeno por completo a la regulación legal” de las medidas que éste denunciaba.
Con cientos de papeles sobre la mesa, Huarte relata su experiencia personal, que empezó cuando decidió montar una casa rural en su pueblo, Larráyoz. Según él, después de obtener los permisos necesarios para su construcción y apertura, el Ayuntamiento de Juslapeña comenzó a pedirle otros. “Lo último que me pidieron fue la licencia para ejercer actividad clasificada”, un papel necesario solo para quienes ofrecen comidas. “Meses después de entregar todo, el secretario del Ayuntamiento -al que señalan como máximo responsable de estos conflictos- dijo que no encontraba los papeles, luego que aparecieron de repente, pero solo la mitad de ellos”, afirma Huarte.
El alcalde de Juslapeña, Pablo Rota, se defendió de estas acusaciones al señalar que “desde el Ayuntamiento se está pidiendo el cumplimiento de unas normas y ellos no quieren cumplirlas”, aunque no quiso entrar en detalles.
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO La presunta agresión que tuvo lugar hace dos semanas en Larráyoz se produjo, según la familia Huarte, después de una orden de derribo a una valla de una parcela familiar. Según esta familia, en 1979 el presunto agresor hizo un pacto verbal con el Ayuntamiento para cambiar parte de su parcela por una por la que pasaba la carretera “con una pendiente peligrosa”, dice la cuñada de Huarte, Miriam Urzaiz.
En 2009, la familia Huarte quiso dejar constancia de este hecho por escrito y se inició un proceso de permuta entre el consistorio y los ahora propietarios. Tras llevarse a cabo de manera satisfactoria para ambas partes, en 2011, la nueva corporación municipal, con Rota a la cabeza, definió como “ocupación ilegal” la presencia de los Huarte en este terreno. La familia había vallado este terreno, “pero el 17 de julio apareció un arquitecto para medir la valla y hacer un presupuesto de derribo”, cuenta Urzaiz.
“forcejeo normal” Según la familia, el detenido de 75 años, salió de su domicilio con la intención de paralizar la actuación del arquitecto. Tras ser reintroducido en su domicilio, su mujer, cuñada e hijo se dirigieron al Ayuntamiento para intentar solucionar el tema con el secretario de la localidad. Minutos después, el padre de los Huarte apareció en las dependencias locales y al exigir hablar con el secretario, una administrativa se puso en medio, produciéndose, según Huarte, “un forcejeo normal, de tú me apartas, yo te aparto”. Solucionado este suceso, Huarte padre volvió a su domicilio. “Horas más tarde aparecieron tres coches de los forales en su casa y se lo llevaron esposado”, relata su hijo, quien añade que “hay una denuncia contra él, pero también contra la administrativa, por agresión”.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento, Pablo Rota apenas quiso pronunciarse sobre las acusaciones de “acoso y derribo”. Rota apuntó que “no creo que el Ayuntamiento se cebe contra esa familia”, si bien aseguró que no conoce por qué son tantos los expedientes que se abren contra los Huarte. “Es como si a usted en un punto de la carretera le retiran el coche y a otro, en ese mismo punto, le ponen una multa. ¿Quién puede contestar a eso? Es muy difícil”, apuntó Rota. N.B.
EL consistorio
Desde 2011. Pablo Rota es el alcalde de Juslapeña; pertenece al grupo Juslapeña Independientes, con dos concejales. Para lograr la alcaldía, pactó con el segundo grupo más votado, Zulapain Elkatzea, que también cuenta con dos concejales. Así, el tercer grupo municipal, Grupo Juslapeña, con Zabalza y Huarte como concejales, quedó en minoría.
