Piden al Consistorio de Burlada que garantice un pacto de alquiler de 2003

burlada - El urbanismo que ha funcionado durante los años de esplendor sin garantías para la parte más débil hoy genera problemas sociales. Seis familias de la calle Josefa Ardanaz (3) de Burlada han pedido al nuevo Ayuntamiento de la localidad que haga valer los compromisos asumidos por sus antecesores en el gobierno municipal con una empresa promotora en 2003 para la reserva de un grupo de 21 viviendas de alquiler social por un periodo de 20 años, es decir, hasta 2023. Las viviendas empezaron a alquilarse en 2006 bajo mediación del Ayuntamiento y hoy son propiedad de una entidad financiera que, según los afectados, no garantiza ahora este fin. Una bolsa que, además de no conservar su finalidad, buena parte de ella ha sido vendida en el mercado como vivienda libre tras la quiebra de la empresa, Estudio Inmobiliario Miguel Isturiz.

Todo se remonta al momento en que el Consistorio autorizó el cambio de usos de una parcela de uso industrial que, tras el incendio de la nave de Lipauto, ataque al antiguo concesionario de Renault ocurrido en 1996, pasó a ser recalificada como residencial con la condición de que uno de los portales de la nueva promoción fuera destinado a vecinos y vecinas de la localidad que cumplieran un baremo municipal y con un precio de arrendamiento prefijado de antemano, 360 euros al mes.

Dicho acuerdo fue recogido en un convenio urbanístico que firmaron en su día el que fuera alcalde regionalista José Luis Góngora, Jesús Unsáin en representación de Renault y Miguel Istúriz como promotor. El primer convenio de mayo de 1997 fue anulado por cuestiones formales que fueron subsanadas, y es en un segundo pacto donde se amplía la cesión del 10% de los derechos urbanísticos (la empresa tenía que dar al Ayuntamiento 1.202.024 euros en metálico) y la disponibilidad de 21 viviendas para alquiler que, si bien seguían siendo propiedad de Istúriz, era el Ayuntamiento el encargado de gestionar la selección de inquilinos. A ambas partes, especialmente al promotor, les interesaba sacar adelante esta operación (112 viviendas en un solar hasta entonces industrial), mientras el Consistorio obtenía una compensación económica y ofertaba vivienda en alquiler.

Sin embargo, aquellos vecinos que accedieron a uno de esos alquileres más ventajosos se convertirían con el tiempo en actores secundarios. “Los diferentes alcaldes nos han ido dejando en la estacada mientras el propietario nos ha querido echar”, reconoce Iñaki Malo, inquilino desde hace ocho años. No transcurre ni un año desde la entrada a las viviendas para que más allá del desarrollo y venta de las viviendas libres el resto de acuerdos quedasen en papel mojado. El promotor se queja de que el Ayuntamiento no le facilita nombres y que las viviendas ni se pueden vender ni alquilar por lo que la situación le ocasiona pérdidas. A su vez, las rentas sociales van perdiendo su cariz. De hecho, los actuales inquilinos aseguran que al quedar contractualmente en manos del estudio inmobiliario los precios del alquiler fueron incrementados con la obligación de pagar por otros conceptos no previstos. De este modo, las rentas se elevaron hasta los 500 euros al mes. “Hemos pagado por una plaza de garaje que no teníamos, por tener la cocina amueblada y gastos de portal que, además, no llegaban a su destino y se volvieron a reclamar a los inquilinos. Siempre Isturiz nos había amenazado con vender esas viviendas y con no renovar los contratos”, denuncian. Es la razón por la que llevan un año sin pagar los gastos de comunidad. “Queremos que se regularice la situación y pagar lo que nos corresponde, sea quien sea ahora el propietario”, abundan.

‘la carga’ Aunque el convenio urbanístico data de 2003, no se inscribe durante años en el Registro de la Propiedad de Aoiz la denominada carga que tienen esas viviendas, es decir, que solo pueden ser ocupadas en régimen de alquiler social durante 20 años. Al parecer, hasta 2012 no se incorpora al Registro de la Propiedad la cláusula del convenio que las blinda junto con las garantías hipotecarias de las viviendas, y se hace poco antes de que la empresa se declare en quiebra. Posteriormente, la mercantil entra en concurso de acreedores y es la financiera la que ejecuta la hipoteca de los bienes que salen a subasta. Es decir, las 21 viviendas de alquiler social quedan en manos de la crediticia, la cual cancela las cargas posteriores.

Los arrendados, que se han puesto en contacto con el despacho del letrado Blas Otazu, aseguran que la cláusula obliga a cualquier empresa a mantener el arrendamiento de las viviendas en reserva. Asimismo, se han dirigido al Ayuntamiento para que haga valer sus “derechos” y vele por la subrogación de los inquilinos. Temen además que la financiera no renueve los alquileres a partir del próximo año, cuando se cumplen cinco del segundo contrato. Destacan, por otro lado, que la caja se hizo con las viviendas a un precio de 96.000 euros (2014). Ellos sin embargo aseguran haber recibido una oferta de compra por valor de 187.000 euros, además de reclamarles otras deudas por gastos que consideran indebidos y “heredados” del anterior promotor. Hoy quedan 9 pisos sin vender. Por su parte, el alcalde de Burlada Txema Noval (Cambiando Burlada) aseguró ayer que el Ayuntamiento ha iniciado negociaciones con la entidad financiera con el fin de que se cumpla el convenio y se mantenga el arrendamiento social de las viviendas que están ahora ocupadas.