El plan de Donapea sigue en 'impasse' y en una maraña de recursos

A su vez, la parte demandante que es el Ayuntamiento de Galar ha recurrido la segunda convalidación del proyecto por parte del Gobierno foral (correcciones que el Gobierno realizó sin tramitar de cero el PSIS).

En medio de esta maraña judicial algunos de los pequeños propietarios que fueron “forzados” a adscribir sus terrenos en el PSIS de Donapea se encuentran atrapados en una situación “dramática”, exponen Ángel Oroz y José Mari Aldaz.

La Junta de Compensación que representa a la propiedad de los terrenos solicitó la intervención de Hacienda para embargar los bienes de los titulares de suelo con el fin de hacer frente al pago de los gastos correspondientes a los trabajos técnicos y la defensa jurídica del plan. El proyecto de Donapea se llevaba a cabo a través del sistema de compensación, lo que significa que son los promotores los que asumen la gestión.

Los propietarios afectados aducen sin embargo que si los tribunales han declarado nulo el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, ninguno de los proyectos que han derivado del mismo, proyectos de urbanización, reparcelación, estudios, informes o recursos son válidos, y por lo tanto, no tienen la obligación de pagar ni un sólo euro. De hecho, hasta ahora se habían negado a pagar pero “hemos comprobado que la Hacienda foral está colaborando con un órgano que no reconocemos como legal puesto que, al no existir el PSIS, se disuelve la Junta de Compensación que representa al conjunto de los propietarios”. El equipo de letrados que defienden al Consistorio de Galar refrendan que el Supremo ya desestimó el año pasado y en tercera ocasión el proyecto de reparcelación (reparto de cargas y beneficios del ámbito) que se derivaba de un “PSIS nulo”. “Los propietarios que no pagaron no tienen ninguna obligación de hacerlo”, resaltan. El Ejecutivo foral por su parte reconoce que ha atendido la petición de la Junta de Compensación de Donapea, la vía del embargo, ante el impago de cuotas como ocurre con cualquier propiedad, sin entrar a valorar la legalidad o no de este órgano y de los recursos en marcha.

El proyecto fue impulsado en su día por un grupo de promotores, muchos de los cuales quebraron de modo que los terrenos quedaron en manos de los bancos. Aquellos propietarios de suelo que no pudieron o no quisieron vender han tenido que hacer frente al pago de diferentes cuotas. Suelo que tampoco es aceptado por los bancos como garantía a la hora de hacer frente a los pagos.

“Nosotros no hemos pagado nunca porque nunca hemos compartido este proyecto especulativo”, aseguran los denunciantes. En el caso de Ángel Oroz, le han embargado la pensión que cobra de la Seguridad Social para saldar una deuda de más de 41.000 euros. De esta familia también han ido contra José Mari y Elena Oroz Asiáin que contaban con terrenos familiares que ocupaban 11.000 metros cuadrados.

En el caso de Juan Mari Aldaz, sus cuentas están retenidas hasta completar un total de 67.000 euros. “No podemos entender que el secretario de la junta nos remitiera en su día una carta en la que mantenía que el proyecto no es nulo sino anulable para dar a entender que todo seguía igual”, abunda Diego y agrega que ni siquiera fueron informados de este cobro. “Creemos que este Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y no permitir que se embarguen cuentas para un proyecto que lo han tumbado los tribunales. Fue un riesgo que asumieron los promotores y que el Gobierno consideró de interés general”, remarcan. De hecho, los primeros expedientes de embargo fueron anulados en 2012-2013 tras la primera convalidación, detalla la defensa. Y esta tercera convalidación ni siquiera se ha hecho pública.

El pasado mes de abril el anterior Gobierno dio luz verde con carácter inicial al tercer PSIS que en su origen estuvo vinculado a la iniciativa de un grupo de promotores, aportando los mismos informes técnicos que sirvieron para su justificación entre 2008 y 2009. La remodelación de toda la entrada sur a Pamplona iba a cargo de los costes de urbanización del conjunto del plan. Galar alegó que la iniciativa para impulsar llegó de la mano de la llamada Junta de Compensación cuando, en realidad, este órgano habría desaparecido y sería, en todo caso, la agrupación de propietarios de Cordovilla a los que correspondería reactivar el suelo, como ocurrió en 2009. El plan no pudo beneficiarse además de la reforma legislativa que tramitó el Parlamento foral.