urdazubi/urdax - Varios vecinos del barrio de Landibar han denunciado, junto a la concejala Anastasia Vidart del grupo municipal Urdazubi Elgarrekin, la imposición, “sin participación de los habitantes y propietarios afectados”, del proyecto de Modificación del Plan Municipal en el núcleo rural de Landibar. Según Vidart, el plan rompe el equilibrio territorial en el municipio, “imponiendo un modelo especulativo igual al que nos ha llevado a la reciente crisis económica”.

El proyecto, junto a otros en curso que afectan a otras zonas del barrio, “suponen el fin de un modelo equilibrado y sostenible”, denuncian. Según Anastasia Vidart, “el gobierno municipal rompe con la tradición de un crecimiento urbano concentrado en el barrio comercial de Dantxarinea y en la zona baja de Landibar, abriendo la puerta a que el modelo de expansión especulativa se extienda al resto de barrios”.

Los vecinos de Landibar, por su parte, quisieron llamar la atención sobre “la injusticia de imponer al barrio un proyecto ampliamente rechazado y que sólo responde a intereses particulares del alcalde, Santiago Villares, empeñado en ayudar a una persona vinculada a su grupo político”. En efecto, ya en 2014 una vecina de Urdazubi-Urdax pidió construir una villa en una parcela que ni siquiera era suya y que, además, según informe de los arquitectos municipales, parecía provenir de otra segregada 20 años antes y precisamente para la construcción de otra unifamiliar.

Entonces, hacia 1994, aquella operación de construir sobre parcelas de más de 1.500 metros era posible. Luego el Gobierno de Navarra aprobó el POT-2 que es el que impide y ha impedido desde que se aprobó la construcción de otras casas en Urdazubi-Urdax a otros vecinos. En vista del interés de las instituciones implicadas, los comparecientes propusieron que “si el Gobierno de Navarra quiere permitir a esa vecina la construcción de su villa, en vez de perjudicar a ciudadanos indefensos lo que tiene que hacer es reconocer que se equivocó al aprobar el POT-2 que está generando problemas en muchos municipios”.

Los comparecientes, propietarios de 6 de las 8 casas del núcleo afectado y del 75% de las parcelas agrícolas reclasificadas, denuncian que sin su conocimiento el Ayuntamiento ha retomado el plan original de 2014, sin la modificación del aprobado en 2015 cuando se aceptaron sus alegaciones para excluir sus tierras del proyecto. Esto se puso en conocimiento del Gobierno de Navarra, a pesar de lo que aprobaron el plan, “sin respetar el derecho de audiencia ni el de participación, a pesar de la aprobación provisional de 2015 y la definitiva de 2017”.En informes anteriores (2015 y 2016) se decía que no había demanda, dado que la población disminuye en todo el municipio. Sin embargo, en el documento aprobado en junio de 2017 se dice que sí hay demanda. Vidart entiende que, con esta propuesta, lo que se favorece es el fin del modo de vida tradicional, se le da la última estocada al sector agrícola-ganadero del municipio, arrebatándole las mejores tierras, apostando por la especulación ya que se podrían construir hasta 20 villas. Un modelo que ha causado los problemas ya conocidos en los cercanos municipios de Iparralde y que supondrá una auténtica agresión paisajística en el corazón de un núcleo rural.