El Consistorio de Viana estudiará la gestión directa de sus instalaciones deportivas

VIANA - El Ayuntamiento de Viana solicitará un estudio de viabilidad con el fin de asumir la gestión directa del centro polideportivo Príncipe de Viana y rescindir así el contrato con la actual entidad gestora. El motivo es el estado de deterioro en el que se encuentran las instalaciones, que requieren una reforma integral de un coste aproximado de un millón de euros, una cifra que se concretará cuando se presente el proyecto técnico y que el Consistorio teme que será aún más elevada.

La parte más afectada es la de las instalaciones acuáticas de invierno. La sauna, el spa, las piscinas y el centro lúdico sufren constantes problemas de humedades y condensación, que a su vez producen efectos técnicos adversos en la maquinaria y el sistema eléctrico. Por otro lado, hay desprendimientos en la cúpula de cristal y es necesario un cambio en la ubicación de ciertos espacios, como es el caso de la sauna, que se trasladaría fuera de la zona húmeda para evitar trabas en la ventilación.

Desde el equipo de Gobierno, formado por PSN, Geroa Bai y Cambiemos Viana, señalan que la envergadura del proyecto requiere que se haga por fases. “Sería complicado hacerlo en un solo ejercicio presupuestario”, explicó Yolanda González, alcaldesa de la localidad (PSN). El siguiente paso tendrá lugar cuando se publique el estudio, que determinará las prioridades. “Hay que ver por qué fase empezar, cuál es la más práctica y rentable”. Para el inicio se contará con 140.000 euros de las arcas municipales, presupuestados para este año pero que asesores técnicos recomendaron no invertir, hasta que no se presentase el plan global. Para los presupuestos de 2019, se destinarán otros 175.000 euros. “Nuestros vecinos quieren ver que se empieza a hacer algo”, afirmó la primera edil. Por otro lado, el PSN-PSOE ha incluido el polideportivo entre sus treinta enmiendas sobre Tierra Estella, planteadas para los Presupuestos Generales de Navarra de 2019, que suman 15 millones de euros. “Tocaremos todas las puertas e intentaremos recibir ayudas de todas partes”, señaló González.

Sanción Desde la oposición, los concejales de UPN criticaron que el municipio haya sido sancionado por el Gobierno de Navarra con 20.000 euros, “al detectar falta de control en las instalaciones eléctricas, térmicas, de producción de agua caliente sanitaria y de combustibles gaseosos” en Príncipe de Viana. “No es de recibo y se pone de manifiesto que este es el modelo de gestión responsable que lleva practicando la alcaldesa durante sus 16 años en diferentes equipos de Gobierno municipales”, concluyeron.

Por su parte, Yolanda González explicó que “hubo una inspección y se nos puso en conocimiento que había varias revisiones periódicas sin hacer, cuya obligatoriedad hasta Servicios Técnicos desconocían. Abrieron un expediente por una serie de deficiencias y, como llevaban razón, lo mejor que podíamos hacer era asumir la sanción, con un 50% de descuento”. La primera edil quiso destacar que “si nos hemos encontrado esas deficiencias es porque UPN no hizo absolutamente nada por solucionarlo en los dos años que estuvo en el Gobierno. Ni en las instalaciones, ni tampoco en el colegio, o en ninguno de los temas sobre los que ahora se queja tanto. Da igual quién haya creado los problemas. Lo importante es estar para gestionar y solucionar. El usuario quiere que todo esté en las mejores condiciones posibles”.

asumir la gerencia Respecto al mantenimiento en las instalaciones, la alcaldesa afirmó que “deja mucho que desear, y es obligación de la empresa que lo está gestionando; no entra dentro de nuestras funciones”. Es por este motivo que desde el equipo de Gobierno ven que la mejor solución es asumir la gerencia. “Ninguna de las empresas ha dado buen resultado y el Ayuntamiento es quien mejor vela por los intereses de todos”, aseguró Yolanda González. A lo largo de los años, el Consistorio ha abierto varios expedientes sancionadores a la entidad privada, y a día de hoy existe un procedimiento judicial en el que esta achaca al Ayuntamiento el incumplimiento del pliego de la adjudicación.

De momento, los jueces dan la razón a la administración pública. “Y siempre han dejado claro que la obligación de mantenimiento es de la empresa”, puntualizó la primera edil, añadiendo que la vía hacia la gestión municipal se abrirá en cuanto la sentencia judicial sea firme. “Todos conocemos cómo funcionan este tipo de instalaciones; el déficit que pueden llegar a generar. Tenemos que hacer cifras primero”.