pamplona - El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, presidieron ayer en Pamplona / Iruña la sesión plenaria del Consejo Social de Política Territorial de Navarra, en la que se decidió poner el marcha la renovación de la Estrategia Territorial de Navarra (2005), para actualizarla a los retos ligados a los cambios demográficos y el cambio climático. Además, en el transcurso de la reunión se ha presentado la Memoria de Actividades del año 2018 de Lursarea, Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, y su Plan de Acción 2019. También se ha compartido la información de las comisiones específicas celebradas durante el ejercicio pasado. Cabe recordar que el Consejo Social de Política Territorial es el órgano de asesoramiento y participación para que los agentes institucionales, sociales, económicos y ambientales colaboren en el seguimiento e impulso del desarrollo territorial de Navarra, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La Estrategia Territorial de Navarra fue aprobada en 2005 con el objetivo de favorecer el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado de la Comunidad Foral mediante un conjunto de medidas a modo de guía a la actuación de los agentes privados y de los organismos públicos en busca de una mayor coordinación intersectorial, desde el punto de vista de los impactos en el territorio. En estos catorce años, el contexto y las circunstancias socioeconómicas han cambiado y se ha creado una nueva cultura del territorio. Recientemente, la Ley 4/2019 de Reforma de la Administración Local de Navarra ha establecido un nuevo marco de referencia en materia de ordenación del territorio, con gran relevancia de la figura de la comarca. En este tiempo, también se han generado nuevas prioridades en la política territorial de Navarra, como el cambio climático, el despoblamiento y el envejecimiento, el papel de las zonas rurales, el fenómeno de la vivienda vacía, la rehabilitación y la regeneración urbana o la economía circular.