- “No te puedes quedar pero tampoco te puedes ir, no tenemos opciones”, lamenta una vecina de Nuevo Artica. Son cuatro en casa, la más pequeña nació hace dos meses. Una familia joven de Pamplona que paga, de momento, 520 euros de alquiler.

La promotora actual, “un fondo buitre” según denuncian, les sube a 800 la renovación de un contrato que ha vencido ya. O eso “o nos echan a la calle”, lamentan, como ella, muchos de los inquilinos repartidos en las 38 viviendas del mismo bloque. Construido en 2007 por la promotora El Txori, se trata de un modelo de VPO de alquiler en régimen general, una calificación que “ya no existe”.

Este tipo de vivienda tiene unos precios -que se actualizan cada año- que en 2020 ascienden a los 9,88 euros el metro cuadrado, aunque el precio de la VPO en alquiler (sin ese régimen) es de 5,31 euros. “La promotora entró en concurso de acreedores y el edificio fue adquirido por Bonsai Equities, con la que nos resulta imposible contactar. Flandes es la gestoría a través de la que están modificando los contratos: con los que están todavía en vigor no pueden hacer nada pero para los que están a punto de vencer o han vencido ya están pidiendo precios inasumibles. A una vecina, durante el confinamiento, le dijeron que si no firmaba un alquiler de 700 euros la echaban a la calle. Querían desahuciarla en pleno estado de alarma”, denuncia otra vecina.

Y es una situación que, por desgracia, muchos de ellos están viviendo ahora. “Yo tenía esperanza de que bajaran los precios de alquiler, pero siguen igual y no te puedes ir a ningún lado. Nosotros pagamos 520 y nos lo quieren subir a 800. ¿Dónde está la protección oficial aquí?”, explica la amatxo, que critica que además han tenido que lidiar “con mentiras, falsedades y amenazas” por parte de los promotores, “además de mucho juego psicológico: te llamo yo y te grito, te llama mi compañera y es maja… Si negociaba con ellos y aceptaba el precio me daban la posibilidad de quedarme 7 años más, aunque claro, pagando esas cifras. Y si insistía en no hacer caso, me dijeron que cuando se me terminara el contrato me tendría que ir. Vamos, una amenaza”, denuncia esta pamplonesa, que revela que le han dicho “literalmente, y varias veces, que iban a intentar librarse de los extranjeros, que querían gente de aquí. Me dijeron que querían familias como nosotros”, explica.

Es algo que ha sufrido directamente otra vecina, que prefiere no revelar su identidad. Ella es de aquí pero su marido es argelino. Llegaron “cuando no estaban hechos ni los bloques de enfrente, en 2009”. Acaban de ser padres: “Con tres críos y nos suben el alquiler de 420 a 750, si no podemos pagar eso nos dicen que nos vayamos, ¿pero a dónde vamos a ir? Ni que estuviéramos de okupas, estamos pagando todas las cuotas, todos los meses. Y cuando llegue el frío, con lo que hay que pagar de calefacción, ya nos va a resultar difícil”, lamenta él, que está de baja por paternidad. Se han acogido a una prórroga impulsada por el gobierno central para paliar los efectos de la crisis provocada por la covid, que les permite prorrogar el contrato, en las mismas condiciones, durante seis meses. “Al principio intentamos negociar el precio pero después nos dijeron que no nos renovaban el contrato, y que tenían todo el derecho legal a hacerlo porque estaban buscando otro perfil de inquilinos. No nos dijeron cuál”, critica su mujer. No sabe qué harán en marzo, cuando tengan que marcharse del piso.

Asumen los vecinos que llevan más tiempo en las viviendas que con la anterior promotora “no hubo ningún problema. “Los precios estaban regulados, el trato siempre fue bueno y cordial. Pero desde que entró Bonsai en noviembre de 2019 empezaron los problemas. No se han hecho cargo de las averías de las casas, como cambiar una lavadora o arreglar los mandos del garaje -de hecho, yo he estado seis meses sin poder entrar a mi garaje porque no tenemos ni siquiera la llave-. Nos dan largas y han estado jugando al desgaste con todas estas cosas. Han estado mintiendo y desinformando, negando que existiera esa prórroga de seis meses por la pandemia y señalando que no la iban a conceder. Como a cada inquilino le vence el contrato en una fecha distinta esto es un goteo constante de gente que se va y otra que firma”, explica una de las vecinas. “No se puede entender que una vivienda de VPO pueda tener estos precios. Estos pisos se rigen por un tipo de régimen que lo permite. Ya no existe, así que legalmente lo pueden hacer, y es algo que también nos hubiera pasado en 2022, cuando la VPO se libera. Pero es algo que clama al cielo, no pueden permitir que sucedan estas cosas”.

Esta misma vecina, que entró a vivir a su piso en 2017, recogió las reclamaciones y los casos de los vecinos afectados para trasladarlos al Gobierno de Navarra, con el que se han mantenido en contacto para intentar encontrar una solución. Avanzan que actualmente el Gobierno foral “está negociando” con la promotora “para que no suban las rentas por encima de los 650 euros”.

Tal y como ha podido conocer este periódico, el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, se ha puesto en contacto con algunos de los afectados y afectadas. Según explican desde el Gobierno foral, se trata de unas promociones que responden a un convenio especial que se firmó con El Txori en 2007 y que vence en noviembre de 2022. “No están bajo el régimen de alquiler protegido y sus inquilinos tampoco reciben subvenciones por sobrepasar el nivel máximo de ingresos para poder percibirlas, por eso es un proceso difícil”, indican, aunque están trabajando para que la empresa limite las rentas.