Este miércoles 22 de noviembre ha saltado la polémica en la ciudad del Zidacos al circular una fotografía de unos parches con los que la Policía Local de Tafalla obsequió al youtuber Daniel Esteve, fundador y director de Desokupa. El líder de la polémica empresa de desalojos extrajudiciales agradeció en sus redes sociales el envío de tres parches oficiales con remitente de la Policía Municipal, que acompañaba el regalo con el siguiente mensaje: “A nuestro admirado Daniel Esteve, desde Navarra, para que sienta el apoyo de la Policía Local”.
Ante estos hechos, el propio Consistorio ha emitido un comunicado oficial en su página web donde ha aseverado que “el Ayuntamiento de Tafalla manifiesta que no ha autorizado la utilización de la imagen corporativa de Tafalla ni de signos distintivos que puedan identificar al Ayuntamiento, o a cualquiera de los servicios del mismo, para el fin señalado, así como tampoco participa del contenido del mensaje. Motivo por el cual se han iniciado los correspondientes trámites pertinentes para depurar las responsabilidades que procedan”.
Vacíos legales y extrema derecha
"Desde que empezamos en 2016 hemos llevado a cabo más de 7.000 desokupaciones con éxito”, describe la web de Desokupa. Sin embargo, la empresa ha estado acompañada de polémicas desde su nacimiento. Su modus operandi, ensalzado por sectores ultraderechistas y fascistas españoles, ha sido denunciado por extorsión, coacciones, amenazas e incluso se les ha acusado de fingir ser policías. Sus métodos incluyen, además, la grabación de personas y difusión del contenido en las redes sociales.
Su plantilla se nutre de gente relacionada con el mundo de las artes marciales, la seguridad privada, la extrema derecha y el neonazismo, como es el caso del declarado neonazi Eduardo Navas, condenado por intento de homicidio o el paramilitar fascista Jisco Ivanov, curtido en guerras del Este.
En sus propias redes sociales, haciendo alarde de un exacerbado patriotismo español, realizan constantes ataques a la izquierda y han estado presentes, entre otras movilizaciones, en las manifestaciones contra la amnistía realizadas durante el mes de noviembre.
Además, según aseguraba el abogado Andrés García en una entrevista concedida al diario El Salto, la organización mantiene su actividad en base a la inacción policial y judicial: “Es necesaria una investigación, hay patrones comunes de actuación en los que se está produciendo una práctica de desalojos extrajudiciales en un clima de intimidación. La dejación de funciones por parte de policía y fiscalía conlleva una desprotección ciudadana ante esta empresa y otras”.
