ELA y LAB, junto a otros sindicatos, defienden un salario mínimo propio para Navarra de 1.500 euros brutos. En defensa de esa reivindicación, estas centrales han convocado una huelga general el 17 de marzo en la Comunidad Foral y en la CAV, y para justificar dicha petición este lunes presentaron por separado dos informes en el que denuncian precariedad y reparto desigual de la riqueza.
ELA manifestó que cerca del 36,2% de las personas de Navarra se encuentran en situación de “integración precaria, es decir, que viven con dificultades en aspectos como el empleo, la vivienda, el acceso a servicios públicos o la participación social”, tras basarse en informes como Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada).
El diagnóstico del informe Estudios 56: a un paso de la pobreza “muestra un aumento y cronificación de la pobreza”, subraya ELA. De esta forma, en Navarra, “la exclusión alcanza a 88.000 personas, y la exclusión severa ha pasado del 2,6% en 2018 al 7,9% en 2024”, destaca.
La pobreza “tiene un marcado sesgo social”, ya que “en Navarra la tasa de exclusión entre personas migrantes es del 40,2%, 4,5 veces superior a la de las autóctonas, y la tasa de pobreza es mayor en mujeres (14,8%) que en hombres (13,6%)”.
El perfil
Por su parte, la Fundación Ipar Hegoa, en colaboración con el profesorado del departamento de Economía y Gestión de EHU, remarcó que uno de cada cinco empleados no supera los 1.500 euros brutos en Navarra –casi 53.000 cotizantes de entre el régimen general y personas empleadas del hogar–. Además, los datos muestran que estas personas tienen rostro de mujer joven y migrante.
De esos 53.000, el 67,74% son mujeres; casi el 30% no supera los 30 años y más del 55% ha nacido fuera de Navarra. La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, dijo que hay que modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que define quién tiene las competencias para fijar el salario mínimo;reclamar la competencia autonómica mediante una proposición de ley en el parlamento, como así lo ha hecho EH Bildu y Geroa Bai en Navarra, y crear un marco laboral en el que negocien sindicatos y patronal.
Sesgo social
En su estudio ELA establece que la pobreza “tiene un marcado sesgo social”, ya que “en Navarra la tasa de exclusión entre personas migrantes es del 40,2%, 4,5 veces superior a la de las autóctonas, y la tasa de pobreza es mayor en mujeres (14,8%) que en hombres (13,6%)”.
ELA plantea “medidas estructurales para reforzar la cohesión social, como una reforma fiscal progresiva, el aumento de la inversión en vivienda hasta el 2% del PIB, la mejora de los servicios públicos y la reversión de los recortes en las cuantías de la RGI y la Renta Garantizada volviendo a vincularlas al SMI”.
Movilización el viernes
Desde LAB también reiteran que un SMI propio combate la brecha de género salarial. Para ello, el sindicato ha convocado este viernes 20 de febrero movilizaciones en Pamplona y Bilbao para luchar por esta petición, ya que el domingo 22 se celebra el Día Internacional contra la Brecha Salarial.
Además, esta central ha indicado que “la diferencia entre el salario que cobran los casi 53.000 asalariados navarros actualmente y el sueldo que recibirían con un SMI propio se lo están embolsando empresas y administraciones”. Así el sindicato hace el siguiente cálculo: “Tomando como referencia los salarios de diciembre de 2024, estos empleadores sumaron a sus beneficios 114,35 millones de euros correspondientes a estos trabajadores. Es decir, las empresas y administraciones han sacado una plusvalía añadida de 114,35 millones de euros a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables en Navarra. De ellos, 73,85 millones corresponden a salarios de mujeres y 60,5 millones de hombres).
Firma SMI
La subida de un 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas firmada este lunes por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT beneficiará a 1,66 millones de trabajadores, el equivalente al 9% del total de asalariados, según estimaciones del sindicato CCOO.
En concreto, esta central calcula que la subida del SMI beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9% de la población asalariada a tiempo completo.
Extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 239.000 personas a tiempo parcial se beneficiarían de la subida, dejando el número total de potenciales beneficiarios en 1,66 millones de asalariados.
Posicionamiento de la patronal
Sin embargo, la CEOE reiteró su oposición a la subida del salario mínimo interprofesional para 2026 al considerar que se basa en cálculos erróneos y que supone una “injerencia grave” en la negociación colectiva. Fuentes de la patronal señalan que se oponen al acuerdo no solo por fundamentarse “en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos” sino por suponer una “injerencia grave” en la negociación colectiva, la que se desarrolla entre trabajadores y empresas.
Las mismas fuentes añaden que el Gobierno de España no pone medios para atajar los 33.000 millones de euros que conlleva “la mala gestión” de las bajas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó a la CEOE su ausencia en la firma del acuerdo de subida del SMI, porque se trata de “un acto de justicia social” en un momento de crecimiento económico y grandes resultados empresariales. “La patronal decide borrarse de la firma, no las empresas, que saben que sus trabajadores merecen un salario digno”, dijo Sánchez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “el bienestar no pasa por las élites sino por las mayorías sociales”.
