El alcalde de Urroz-Villa, Mikel Iribarren Lakunza y los tres concejales existentes en la actualidad, Alejandra Xandra Ruiz Santamaría, Marta Señas Pérez y Ricardo Ainzúa Bernal, renunciaron ayer a sus cargos en un pleno urgente en el que presentaron su dimisión.

El hostigamiento sufrido por parte de la vecindad y el mal ambiente generado en la localidad a raíz del acuerdo alcanzado por su grupo Iturzarrea (único en el consistorio) relativo al sueldo del alcalde, así como la imposibilidad de desarrollar un sistema participativo para tratar de reconducir la situación, afirman, han provocado la dimisión conjunta.

La Corporación saliente ha dado un plazo hasta el próximo día 18 para la presentación de otra lista que tome el relevo. En caso contrario, nombrará obligatoriamente una Comisión Gestora formada por siete personas que gobernará Urroz-Villa los próximos tres años.

Por el sueldo

Iturzarrea fue la única lista que concurrió a los comicios locales de 2023. Junto a los miembros mencionados, la formaban: Javier Zornoza Napal, Aniana Escosura Irujo y Carmen Bastida Arraiza, si bien esta no llegó a la concejalía. El conflicto iniciado en el verano se cobró las tres primeras dimisiones, la de Carmen Bastida primero, seguida de Javier Zornoza y Aniana Escosura, después de mostrar su apoyo al equipo.

Los renunciantes declaran que llegaron al ayuntamiento con ilusión y ganas, motivados por la labor de la anterior legislatura encabezada por Iribarren. “Era de total confianza por todo el trabajo demostrado al frente del municipio”, reconocen los ediles. La experiencia positiva y relevantes proyectos inacabados fueron los motivos que animaron a Mikel Iribarren a presentarse de nuevo, confiesa, al tiempo que añade: “También a buscar gente para dar continuidad al trabajo para el pueblo”.

El hostigamiento, relatan, comenzó en el verano. A raíz del acuerdo adoptado en el pleno de junio de ratificar la jornada y el sueldo del alcalde (media jornada, 1.390 euros) tal como se hacía desde octubre de 2022. “Tomamos la decisión de manera totalmente legal. Habíamos constatado previamente, por el volumen de trabajo, una dedicación total”, argumentan.

El acuerdo era legítimo y la entidad local competente para adoptarlo. Para entonces, matiza el alcalde, “el Parlamento ya había aprobado el nuevo modelo de financiación local y el Gobierno había habilitado a la alcaldías de municipios menores de 1.000 habitantes a cobrar la cantidad máxima de 26.000 euros anuales por media jornada”.

Hecha pública la decisión, se registró una instancia para pedir cuentas por la retribuciones. Le siguieron reuniones, mensajes anónimos que desacreditaban al alcalde, el acoso y una recogida de 160 firmas, en contra de la medida promovida por el grupo Unidas por Urroz, colectivo creado a tal efecto.

Con el fin de aclarar la cuestión, el Ayuntamiento optó por un sistema participativo y planteó asambleas abiertas ya en el mes de octubre. “Nuestros objetivos eran: informar, debatir sobre lo que es bueno y queremos para Urroz, recoger sugerencias y saber qué personas estaban dispuestas a colaborar, teniendo en cuenta que unos meses antes nadie quería ir al ayuntamiento. Estábamos dispuestos a replantear también el salario, siempre que hubiera otra alternativa de personas comprometidas en el trabajo que se desarrolla aquí”.

Trabajo y salario

Coinciden los cuatro renunciantes en que Unidas por Urroz boicoteó el proceso. “Solo se habló de dinero, nunca de trabajo ni de gestión. Se trata de que yo me baje el salario, pero no de quién hará el trabajo. Una crítica de que solo me mantengo en el cargo por intereses económicos, sin entrar a valorar mi dedicación de estos años”, declara el alcalde, ahora en funciones.

“Nuestro único objetivo era consensuar un sueldo acorde a nuestro pueblo”, declaró el grupo en un comunicado en su momento. En abril solicitó una mediación al Defensor del Pueblo, según consta “por la mencionada decisión del pleno”. Ante la respuesta negativa de esta institución, Unidas por Urroz propuso una mesa de diálogo que ya no se produjo por la decisión de dimitir de Iturzarrea. Después, Unidas por Urroz menciona su disolución “debido a que fue creado con un propósito que ya no está sobre la mesa”. No obstante, una parte de este colectivo convocó una reunión que tuvo lugar el pasado domingo a la que animaban a acudir “para crear un espacio en el que opinar, decidir y plantear cuál podría ser la mejor forma de terminar esta legislatura y que siga gestionándose desde nuestro pueblo”. No progresó.

“Teníamos esperanza de que generaran una lista, pero nos demostraron que solo les interesa la cuestión del sueldo. Nosotros hemos ido de cara, con un proceso participativo abierto. Seguimos creyendo que merece la pena sustentar a una persona económicamente que busque y aproveche las oportunidades y un nuevo modelo. El futuro del mundo rural está ahí”, mantienen.

“La convivencia se ha perdido y también la ilusión. No hemos hecho nada malo. Hemos sido honestos y correctos. Su propuesta nos ha parecido un insulto y seguimos creyendo que nos sale barato”, afirma Ricardo. “Las triquiñuelas y el boicot sufrido han sido una pérdida de energía constante”, asegura Marta.

“En cinco años Urroz ha multiplicado el grueso de sus arcas, mejorado infraestructuras, viviendas y caminos agrícolas... ha reducido y optimizado gastos energéticos apostando por la autonomía con el impulso de la comunidad energética, la creación de Izaganet (telecomunicaciones), el trabajo en la Mancomunidad de Residuos Irati, gestionar subvenciones, actividades y colectivos culturales, ferias y certámenes...”, enumera Xandra.

Urroz es un pueblo tractor que forma parte de las mancomunidades de Irati e Izaga, que requieren importante atención. “El trabajo por el territorio, la disponibilidad, aportar recursos y ser coordinador de equipos es tiempo y vida. Si quitamos dinero, quitamos tiempo de trabajo y entonces, hace falta más colaboración popular. Invitamos a la reflexión en positivo, a la responsabilidad de toda la población. Que sea un aprendizaje para todo el pueblo”, concluyen.