No habrá consulta ciudadana sobre la situación administrativa de Erripagaña si previamente no se garantiza la viabilidad financiera de los ayuntamientos competentes: Burlada, Pamplona, Valle de Egües y Huarte. Así lo acordó este martes Burlada, que tras un tenso debate aprobó en pleno una declaración –votos a favor de EH Bildu, Contigo-Zurekin Cambiando Burlada y Geroa Bai, en contra de UPN, PSN y PP– que recoge que, “con carácter previo al proceso participativo y consulta, se definirán y establecerán jurídicamente la financiación extraordinaria en el tiempo y compensaciones económicas necesarias para cualquier escenario resultante sobre el que se quiera consultar y decidir, garantizando la viabilidad financiera de los cuatro ayuntamientos”.
El texto, “resueltas las fórmulas de compensación necesarias para cada escenario futuro posible, y con los resultados del sondeo”, confirma el compromiso de “poner en marcha un proceso participativo cuyas conclusiones sirvan para formular las preguntas de una consulta ciudadana”.
Reto “de primera magnitud”
La declaración recuerda que Erripagaña constituye un “reto urbano, administrativo y social de primera magnitud. Partimos de una premisa compartida: la situación actual no puede prolongarse en el tiempo”. En este contexto, “la decisión conjunta de las cuatro alcaldías de realizar un sondeo sociológico representa un paso importante”. Como la decisión final que se pueda adoptar “influirá de forma diversa en la viabilidad y funcionamiento de los distintos ayuntamientos, para poder consultar, decidir y ejecutar el resultado, previamente deberán establecerse los mecanismos necesarios para que ninguna de las Entidades Locales de Erripagaña pueda salir perjudicada en su futuro”.
La declaración señala que “la voz del vecindario debe formar parte de la solución. Para que el proceso tenga legitimidad, es necesario garantizar información, deliberación y canales reales de participación. Adelantar ese debate antes de escuchar al barrio y garantizar la viabilidad de los ayuntamientos supondría vaciar de contenido el proceso y restarle credibilidad”.
Los grupos
La alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun (EH Bildu) recordó que su grupo siempre se ha mostrado partidario del proceso participativo, pero dejó claro que “estará supeditado a lo que se haga por el camino, a la situación en la que se puede quedar Burlada. La consulta se hará en base a eso... si llegamos hacer una consulta. Porque igual resulta que Burlada no tiene una alternativa económica a lo que dice el informe”, dijo en referencia al estudio del Consistorio que cifraba en 665.621 euros de déficit anual si Burlada se desprende de su parte en Erripagaña. “Si hay una alternativa y Burlada puede exponerse a que se quede otro municipio parte su término municipal, este grupo aceptará lo que diga la ciudadanía”. E insistió: “Hay que ver en qué situación se queda este Ayuntamiento antes de preguntar a la ciudadanía”.
El portavoz de Contigo/Zurekin-Cambiando Burlada insistió en esa idea de que “todos los escenarios que se quieran someter a consulta y que se nos ocurran, deben estar respaldados con que no perjudiquen a ninguno de los cuatro municipios. Mientras todos los escenarios no estén garantizados no se puede someter a consulta. Vamos a atar eso”, dijo sobre la “hoja de ruta” aprobada este martes. “Los ayuntamientos tienen mucho que decir, son los primeros que tienen que asumir su obligación porque son parte del PSIS; también el gobierno, que de alguna manera deberá estar presentes, y ahí es donde tendremos que buscar los planes B, porque si no sí que será una patada hacia adelante por parte de todos”, aseguró.
Por su parte, el edil de Geroa Bai Amaiur Guindeo planteó unos cuantos interrogantes sobre esas posibles compensaciones económicas: “Por ejemplo, las pérdidas de 800.000 euros anuales de Egüés, si Burlada se queda a futuro con esa parte, ¿Egüés le va a pedir a Burlada 800.000 euros? ¿Una vez? ¿Todos los años? ¿Esa pérdida va a suponer unos beneficios de 800.000 euros para Burlada? Ese tipo de planteamientos son los que nos generan todas las dudas del mundo”. Y dijo que su grupo quiere conocer “cuál es la verdadera disposición de los grupos ante el resultado que podamos obtener del estudio sociológico y las encuestas. El punto clave está ahí. ¿Estamos dispuestos a reconocer el verdadero sentir de nuestros vecninos y vecinas? ¿Estamos dispuestos a obrar en consecuencia?”, se preguntó.
Para Kevin Lucero (PSN), la declaración llegaba tarde “porque la tendría que haber presentado el equipo de gobierno en el pleno de abril”. Y en cuanto al contenido, consideró que es una “clara patada hacia adelante para deshacerse de responsabilidades de la inacción que hay en Erripagaña”, dijo.
El grupo municipal de UPN planteó una enmienda para calendarizar el proceso participativo de manera que finalizase en diciembre de este año, propuesta rechazada por la mayoría municipal. “Bajo nuestro punto de vista, de este modo no avanzamos. Lo que hacemos es darle una patada a un problema que ya está muy enquistado. Y cada vez tenemos mas dudas porque cada vez pasa mas tiempo y va más lento”, consideró Ana Góngora sobre la declaración aprobada.
Respecto al compromiso de acordar una financiación extraordinaria y compensación”, Mari Luz Moraza (PP) afirmó que “seguimos sin saber de quién y para quién, cuánto tiempo va a durar, si va a ser puntual, recurrente... Son decisiones de las que hay que conocer los detalles para tomar una postura clara. Pero no se llega al fondo de la cuestión, que son las dotaciones. Normal que el vecindario esté descontento si no ha recibido respuesta a las dotaciones que necesita”.
