Los primeros ayuntamientos de Tudela, proclamados a punta de pistola tras el Golpe de Estado de 1936, perdieron alrededor de lo que hoy significarían 635.000 euros del erario público (entonces fueron 138.367 pesetas de la época) en obras pagadas en exceso, sin justificaciones ni documentación que acreditaran la necesidad de los sobrecostes abonados. Además, se presentó un balance de cuentas del año 1940 falseado, “ficticio y puramente amañado”, en el que se aseguraba que había más de 97.700 pesetas de superávit, cuando los interventores afirmaron, solo meses después, que en realidad existía un déficit de casi 60.000 pesetas.
Las obras que se realizaron por facturas infladas, que fueron pagadas y no ejecutadas o los errores de bulto son de gran relevancia y afectaron a obras como la construcción del matadero, la pavimentación y el alcantarillado de las calles Verjas y San Julián, de la plaza del Mercado o de la plaza Vieja, así como el derribo de casas en las calles Pontarrón o Lechuga (pegada a la catedral), el cubrimiento del Queiles o la fábrica municipal de harinas, además, y lo que es más grave, los representantes municipales, con el alcalde carlista Errnesto Sagaseta al frente, mintieron en el balance de las cuentas del Ayuntamiento para ocultar las pérdidas.
El mismo día (26 de febrero de 1941) en que el Gobernador Civil, que era quien quitaba y ponía alcaldes, decidió cesar a Ernesto Sagaseta de Ilurdoz y nombró a José Butini Cabañas, se anunció la constitución de una comisión que investigaría la gestión del primer edil saliente y elaboraría un informe. Parecía obvio que las habladurías de los vecinos y vecinas de Tudela, habían llegado a oídos del poder en Pamplona.
"Anormalidades que eran norma"
A los pocos meses, el 28 de mayo de 1941 el informe elaborado por José Butini, dejaba negro sobre blanco la mala gestión de su antecesor, el carlista Sagaseta de Ilurdoz (en prensa se dijo que dimitía por “quebrantamiento de salud”, si bien la evidencia es que fue claramente cesado). El nuevo primer edil calificó en este documento de “anormalidades e irregularidades de actuación en los pasados años que no tenía más norma que el capricho” y afirmó que se “tomaron muchos acuerdos con evidente infracción” hasta el extremo de que en aquel Ayuntamiento “las infracciones cometidas venían a constituir la norma”.
El informe, de una extrema gravedad, se envió a la Diputación Foral y al Gobierno Civil después de ser presentado en el pleno, pero ninguna medida se tomó al respecto. Todas las ilegalidades se ocultaron, nadie pagó por ello y la Dictadura siguió sus paso firme durante décadas, dando la investigación por cerrada. Ninguno de los escasos periódicos de entonces se hizo eco de la polémica, ni tampoco se menciona en los libros de la historia de Tudela; todo quedó olvidado.
Sagaseta, el alcalde responsable de aquella mala gestión, hecha con una clara intención y premeditación de enriquecer a conocidos, había sido elegido ya como concejal en la primera corporación nombrada el mismo 19 de julio de 1936. Ocupó su asiento al mismo tiempo que se deponía a muchos otros concejales que pocos días después serían asesinados, como Aquiles Cuadra o Aquilino Ochoa. Estos dos tudelanos lucharon por la democracia y la transparencia de la gestión, pero, curiosamente, fueron constantemente objeto de críticas.
Los alcaldes precedentes a Sagaseta fueron, por este orden, Santiago Marsellá (que sustituyó al exiliado Epifanio Cruchaga, depuesto el 19 de julio), Aniceto Ruiz, Rufino Añón y Victor Melero, tomando la vara de mando Sagaseta en agosto de 1938, elegido, como solía suceder, del gobernador civil, entonces Francisco de la Rocha.
“Se realizaron muchos actos con evidente infracción de los preceptos del Reglamento para la Administración”
Hasta el 18 de julio de 1936, los insultos de los medios de derechas a los alcaldes y concejales de izquierdas del Ayuntamiento de Tudela eran habituales como “orondo, hueco, ventripotente, tonillo cervecero”, dedicado a Aquilino Ochoa, o las críticas lanzadas a Aquiles Cuadra porque pidió al contratista Teófilo Serrano que no usara el cemento Hércules por su mala calidad, aunque fuera más barato, y que se empeñara en emplear el “Cangrejo”, más caro pero mejor, acusándole de “prototipo de sectarismo”. Por el contrario, nada se dijo en los diarios derechistas que apoyaban al régimen de este desvío de dinero público del que se enriquecieron muchos contratistas e incluso cuando fue depuesto discretamente Sagaseta, por los “rumores en cuanto a las anomalías en la gestión del Ayuntamiento”, se le agasajó destacando su “celo y entusiasmo”.
Aquella Tudela
Como había sucedido desde el año 1937, el generalísimo había dictado una orden a través del Boletín Oficial del Estado en el que mantenía “la prohibición absoluta” de los carnavales. Aquella Tudela de 1941 estrenó muchas cosas que han quedado para siempre en el perfil y en la historia de la ciudad. En el mes de julio se inauguraron los porches de la plaza de Los Fueros, un lugar en el que se existían muchos comercios y bares y que se ha quedado ya como tan habitual que muchos vecinos piensan que ya existían desde 1651 en que se construyó la plaza. Aquel mismo año fue el primero en que se tocó y bailó por primera vez La Revoltosa. En fiestas, salieron a hombros tres figuras de la historia del teore, Juan Belmonte, Rafael Ortega Gallito y José Luis Vázquez y el día de Santa Ana lo hizo un joven novillero, Julián Marín.
La Torre Monreal presentaba un estado lamentable, derruida en su interior y preocupaba que se pudiera mantener. El Ayuntamiento se dirigió a la institución Príncipe de Viana solicitando que actuara en su recuperación. Aquel año desaparecieron los periódicos El Requeté y El Ribereño Navarro.
Cambio de alcalde
En una recién nacida Dictadura que emanaba de un Golpe de Estado, por la gracia de Dios y la “Cruzada” contra las “hordas marxistas”, no convenía dar pábulo a la idea de que se había gestionado mal el dinero de los tudelanos (que ya padecían las cartas de racionamiento desde mayo de 1939), y que se favorecía el bolsillo de algunos.
El 26 de febrero de 1941 se nombró una comisión integrada por Butini y Melero para estudiar y “fiscalizar” el estado de las cuentas del Ayuntamiento antes los rumores que circulaban por la ciudad, si bien se hizo bajo las críticas de Sagaseta que les acusaba de “hacerse eco de los rumores respecto a las anomalías en la actuación del Ayuntamiento”. En aquella intervención, el alcalde saliente aseguraba sentirse “orgulloso de la labor desarrollada por el Ayuntamiento que he presidido” y añadió que “como católico” tenía la “conciencia tranquila”. Pedía asimismo la mayor “libertad y las mayores facilidades para que investiguen todo aquello que haya podido ocasionarles el más mínimo recelo”, acusándoles de “poner la honorabilidad del Ayuntamiento en tela de juicio”. Butini contestó señalando que su misión no era la de analizar, “pues no habrá nada que fiscalizar, más accediendo a su ruego no tengo inconveniente en que se nombre la comisión”.
Solo tres meses más tarde las buenas palabras cambiaron. Pese a que “el estudio e investigación realizados no han sido todo lo detenidos y profundos que los suscribientes hubiesen deseado, porque esta labor seria de muchísimo tiempo y exige conocimientos técnicos que tampoco poseen”, dijo Butini, sí consiguieron descubrir muchas “anormalidades e irregularidades de actuación en los pasados años, que no tenía más norma que el capricho para el que no existían leyes, ni reglamentos ni autoridades, puesto que se tomaron muchos acuerdos y se realizaron muchos actos con evidente infracción de los preceptos del Reglamento para la Administración Municipal de Navarra”.
“Lo que se hizo saber a Tudela era un engaño preparado por quien mandó publicar el artículo en los periódicos locales”
El informe
La lista de irregularidades es larga. La construcción de un matadero se adjudicó a Teófilo Serrano por 167.713 pesetas en 1937, si bien el coste final fue de 255.024, es decir 87.311 pesetas más, sin que mediara autorización municipal de “aumento de obra”. En febrero de 1938 se adjudicó en subasta a Gregorio Pérez la pavimentación y el alcantarillado de las calles Verjas y San Julián (actual Tubo) por 16.991 pesetas, si bien el coste final fue de 27.830, “o sea 10.839,10 pesetas más que el precio en que fue adjudicada la subasta, con lo que se perjudicaron los intereses del Municipio pagando por la obra con una cantidad mucho mayor que la contratada y se ha burlado el Reglamento de Administración Municipal”. Además, esas obras se realizaron y pagaron en 1938, si bien no se presentaron “a la aprobación de la Junta de Veintena hasta el mes de octubre de 1940”.
No menos llamativas para la comisión fueron las obras de mejora de la oficina del secretario municipal, que se adjudicó también a Teófilo Serrano en octubre de 1939 por 35.928 pesetas para reparar esa habitación, aunque a la hora de elaborar el informe, en mayo de 1941, sin terminar las obras, se afirmaba que “se llevan satisfechas por esa obra más de 42.000 pesetas, por lo que se han perjudicado los intereses del Municipio y se han infringido y burlado los preceptos del Reglamento”. Sin embargo, esta libertad para superar el gasto no se miraba para todos igual ya que el propio Butini contaba que en septiembre de 1939 el contratista de unas obras en la calle Soldevila (actual avenida de Zaragoza) solicitó se le abonasen 238 pesetas sobe lo acordado y el Ayuntamiento se negó a hacerlo “por no estar incluido en el condicionado de la subasta”.
Más llamativo aún fue el caso de la pavimentación de la plaza Vieja (entonces plaza de Santa María) entre julio y agosto de 1940 que se adjudicó a Teófilo Serrano sin que mediara acuerdo del Ayuntamiento para realizar la obra, “y sin embargo se ha realizado indudablemente por orden de alguien que se tomó las atribuciones del Ayuntamiento y Diputación” haciéndolo además de forma directa sin pasar por subasta. El coste total fue de 15.109 pesetas.
El informe detalla también cómo en los meses de abril y junio de 1940 apareció en los libros de cuentas un abono de 8.598 pesetas abonadas al ingeniero municipal por la compra de “lámparas”, es decir bombillas. El documento llama la atención sobre el hecho de que no se presentó ninguna factura lo que “hubiese evitado el adquirir las lámparas a precios abusivos pues según consta en las notas del Sr. Ingeniero de marzo y junio de 1940 se pagan a 3,90 y a 5 pesetas las lámparas de 25 watios” que en realidad costaban 1,70 pesetas en las tiendas de Tudela “y a 5,75 las de 60 watios” cuyo precio era de 2,70 pesetas. A eso se añade otra nota que se encuentran en los pagos “‘importe de bombillas compradas en Tarazona por el Sr. Alcalde 330 pesetas”, sin más explicaciones.
Las irregularidades no se cometieron solo con fondos municipales sino también con ayudas de la Diputación. Así, se narra cómo se adjudicó la pavimentación de unas calles a Teófilo Serrano el 26 de febrero y el 7 de marzo se recolocaron a otro empresario, Gregorio Pérez, antes de que la Diputación otorgara las ayudas, cometiendo una ilegalidad, “las infracciones cometidas vienen a constituir las normas de sus actuaciones”, dice el informe. Finalmente, la Diputación cerró los ojos y concedió unas ayudas de 300.000 pesetas, si bien el gasto fue de 231.000 pesetas que dividieron en tres lotes a Antonio Pérez Vicente, Gregorio Pérez Vicente y Teófilo Serrano. El Consistorio pasó un gasto de 300.000 pesetas y el dinero sobrante lo usó el Ayuntamiento para pagar obras anteriores cuyo coste se había disparado, pero que no entraban en las ayudas de Diputación.
También el derribo de cinco casas en las calles Lechuga (pegada a la catedral) y Pontarrón fueron objeto de acciones ilegales. Entre abril de 1937 y agosto de 1938 se despidió a los inquilinos y se procedió al derribo de los inmuebles sin que se tuviera dinero para comprarlas ni para tirarlas, a la vez que en este tiempo el Consistorio les pedía más contribución a los afectados, alegando que habían ganado valor. Los vecinos presentaron alegaciones que no aceptó el Ayuntamiento de Tudela y recurrieron, un documento que debía llegar a la Diputación, como estaba obligado, pero que nunca llegó a salir de Tudela.
Pero si alguno de los movimientos irregulares fue llamativo fue la de mentir en las cuentas municipales al afirmar que existía superávit, cuando, en realidad había déficit en el ejercicio de 1939. El alcalde, Sagaseta, había afirmado en el periódico El Requeté, a través de una carta, que había un superávit de 98.568 pesetas, algo que se contradecía con la información del secretario, que hablaba de un superávit de 97.767. Sin embargo, la comisión descubrió cómo las cuentas habían sido “amañadas y ficticias, no figurando en ellas determinados pagos. Lo que se hizo saber a Tudela era un engaño -se aseguraba en el documento- preparado por quien mandó publicar el escrito en los periódicos locales”. En realidad, se registró un déficit de 59.583 pesetas, con una ocultación de datos y gastos, que se hizo “contra el asesoramiento del secretario”.
“La actuación no tenía más norma que el capricho para el que no existían leyes”
A todo ello hubo que sumar adjudicaciones y movimientos extraños en el nombramiento del “contador de fondos municipales”, los proyectos del cubrimiento del río Queiles y en la administración de la fábrica de harinas.
Archivado y olvidado
La Comisión presentó su informe ante el estupor de todos los concejales y el 4 de junio se aprobó y se acordó enviarlo a la Junta de Veintena, al Gobernador Civil y a la Diputación Foral de Navarra para que “a la vista dispongan lo que fuese oportuno, reservándose el Ayuntamiento la facultad de poder requerir a un funcionario de la Diputación para que con mayores y especiales conocimientos pueda examinar el asunto , así como la corporación pueda en su día exigir las responsabilidades pertinentes”.
Ninguna autoridad superior respondió a la petición del alcalde Butini de que se analizara y se tomara en cuenta el informe. Solo respondió el 17 de octubre la Diputación foral, haciendo referencia a la autonomía de los ayuntamientos y afirmando que “no es de incumbencia adoptar disposición alguna”. La mala gestión, el fraude, los delitos, el enriquecimiento y la pérdida de dinero de todos los tudelanos quedó en el olvido. Nada existe en los archivos.
Demasiado salvaje era la Dictadura y el dolor de todos los familiares de los cerca de 70 tudelanos que habían sido asesinados apenas cinco años atrás entre el silencio de toda la ciudadanía. Eran momentos de luto y de rosario y cualquier cosa que se desviara de ese camino era anulada, mientras en las radios y en la prensa regional se registraban los triunfos continuados de las tropas alemanas en la guerra en Europa que, en aquel 1941, auguraban que terminaría con el dominio de una enorme cruz gamada sobre todo el mundo.
