estella-lizarra - El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos municipales una moción presentada por el tripartito (EH Bildu, Orain y Geroa Bai) para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por el conocido como caso Oncineda.

Como se informó hace algunas semanas, esa sentencia estimaba en parte un recurso del Ayuntamiento contra el acuerdo del Jurado de Expropiación, que fijaba inicialmente un justiprecio a pagar a la empresa Promociones Herchi por su parcela de 108 euros/m2 más premio de afección más intereses. Gracias a esa sentencia, el justiprecio se rebajó de forma considerable, hasta 43 euros/m2 más premio de afección más intereses.

Como recogía la moción, gracias a esa sentencia se pasó de tener que abonar a Herchi 1,79 millones de euros a 731.073 euros (intereses al margen), “lo que supone una importante reducción de más de un millón de euros”, recordó el alcalde, Koldo Leoz (EH Bildu).

En breve, además, llegará la sentencia de la otra constructora, Actividades Alhama, que se prevé que sea en el mismo sentido, ya que ambas han seguido hasta ahora un camino paralelo. Así pues, el ahorro sería de otros casi 600.000 euros más teniendo en cuenta que la parcela de Herchi tiene una superficie de 15.845 m2 y la de Alhama es de 8.614 m2.

A pesar de que el equipo de gobierno considera que ha habido avances importantes en cuanto al coste que tendrá esta operación para las arcas municipales, quieren ir más allá apoyados en el dictamen del Consejo de Navarra y en la opinión de la Cámara de Comptos considerando nulos de pleno derecho los convenios.

fundamentos “Los abogados que han defendido los intereses del Ayuntamiento en este proceso consideran que concurren fundamentos suficientes para interponer recurso de casación”, un recurso que, eso sí, “con la actual normativa que lo regula es de difícil admisión por parte del Tribunal Supremo”, añadieron.

Los motivos para presentar recurso se fundamentan a partir de la nulidad declarada de los convenios por falta de procedimiento y de competencia para su aprobación; en el grave daño que la sentencia supone para interés público; y en la posibilidad de que afecte a un gran número de situaciones similares, expusieron.

También la Secretaría municipal ha advertido de que es complicado que se admita el recurso, pero coincide en que “los motivos son fundados”. Y de no aceptarse, habría que abonar únicamente las costas (entre 1.000 y 2.000 euros). Por eso, se entiende que el perjuicio en todo caso sería pequeño.

UPN -que también apoyó la moción- le recriminó al alcalde que en 2016 y 2017 no se recurriera “con estos mismos fundamentos jurídicos” porque “igual no hubiéramos llegado a esto”. Leoz le recordó que entonces la situación “era muy distinta”, ya que no había nulidad de los convenios porque no se había pronunciado ni el Consejo de Navarra ni Comptos. “Ahora sí vemos fundamentos, pero anteriormente todos los servicios jurídicos que consultamos nos dijeron que recurrir solo serviría para ganar tiempo porque no tenía más recorrido; antes nos desaconsejaban recurrir porque no estaba el dictamen del Consejo de Navarra, y ahora nos dicen que sí hay fundamentos para suficientes para seguir”.