Pamplona - Representantes de SOS Racismo, Yoar y de Gaz Kalo (la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra) se reunieron ayer con las formaciones progresistas del Ayuntamiento para exponerles su preocupación ante la decisión del Navarra Suma de eliminar el programa de convivencia que existía en la Milagrosa con la población rumana de etnia gitana.

Según las diferentes fuentes consultadas por este periódico, durante la reunión con representantes de EH Bildu, PSN y Geroa Bai se puso de manifiesto la extrañeza de que Navarra Suma haya decidido suspender el programa sin tener un plan de acción social alternativo con la población romá.

Además de las consecuencias directas que esta medida puede tener en el barrio, donde empezaban a ser palpables los primeros resultados de ese trabajo de integración, la paralización del programa ha tenido sus efectos en el Servicio de Atención Preventiva Comunitario (SAPC) que gestiona Yoar. Esta asociación, que también se encargaba del programa de convivencia, se vio obligada a paralizar las actividades programadas para este curso tras la decisión de gobierno municipal de suspender el proyecto con la población romá un año antes de su conclusión y sin previo aviso.

Este programa se puso en marcha en octubre de 2018 ante el deterioro de la convivencia en la Milagrosa y la repetición de conflictos en diferentes espacios del barrio entre la población autóctona y la romá. En este contexto se produjeron algunas circunstancias -como que los jóvenes del barrio dejaron de acudir a las actividades del centro comunitario y pintadas contra la presencia de rumanos- que obligaron al gobierno de Asiron a intervenir ante el consenso de diferentes agentes sociales, vecinales e institucionales.

SOS Racismo, Yoar y Gaz Kalo forman parte de la Red Romá Milagrosa/Arrosadia, junto a Médicos del Mundo, el Centro de Salud de Milagrosa, o la Fundación Secretariado Gitano. La semana pasada emitieron un comunicado alertando de las consecuencias que puede tener la desaparición del programa sin una alternativa y pidieron al Ayuntamiento que justifique las razones de su decisión. - Kepa García