pamplona - 290 unidades familiares están esperando a recibir una vivienda de emergencia social que posee el Ayuntamiento de Pamplona. Algunas de ellas, llevan en esa situación “3 años”, según expresó ayer la concejala de Servicios Generales, María Echávarri, en una comparecencia conjunta con el edil de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu.
De los 603 pisos de propiedad municipal, 43 se encuentran ocupados de forma ilegal, mientras que el Ayuntamiento está rehabilitando 39 viviendas, en las que colocará alarmas de seguridad para evitar nuevas ocupaciones. 15 viviendas rehabilitadas serán entregadas este mismo mes en el Grupo San Pedro (Rochapea). Cabe recordar que desde noviembre de 2015 y hasta 2019 el anterior Ayuntamiento rehabilitó 150 pisos para atender casos de emergencia.
Desde el pasado mes de agosto y hasta este enero, se han llevado a cabo 199 actuaciones contra inmuebles ocupados, 99 de ellas en el barrio de la Rochapea, 42 en el Casco Viejo y 27 en Buztintxuri, barrios donde el parque municipal cuenta con mayor número de viviendas. “El 90% de esas actuaciones fueron en viviendas de titularidad municipal” expresó Labairu.
Los dos concejales defendieron que el gabinete de Navarra Suma aplica la norma de “tolerancia cero” con la ocupación de viviendas municipales. Para ello en el mes de noviembre se creó un grupo multidisciplinar para coordinar actuaciones policiales, administrativas y judiciales “que erradiquen la ocupación de viviendas”. El grupo está integrado por miembros de Hacienda (Patrimonio), Seguridad Ciudadana, Urbanismo (Vivienda), Proyectos, Movilidad, Sostenibilidad y Conservación Urbana y Servicios Jurídicos. “Como tenemos la obligación cumplir con un destino social del parque de vivienda, no podemos permitir ni una ocupación de una vivienda habiendo listas de espera”, expresó Echávarri, aludiendo a la Ordenanza de Emergencia Habitacional de Pamplona de 2016.
en 3 ámbitos Las actuaciones para los desalojos, afirmaron los ediles, se distinguen en tres tipos de medidas “policiales, administrativas y judiciales”. En las medidas policiales, destacaron, pasan por la revisión del parque de viviendas y por la vigilancia disuasoria. Entre las administrativas se encuentran el tapiado de puertas y accesos “siempre que no supongan un problema para la comunidad”, dijeron los ediles, y la colocación de alarmas en los pisos municipales en proceso de reforma. Es ese sentido, sostuvieron, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos de San Pedro y Santa Lucía, por detectarse que las ocupaciones en esas zonas responde a un “perfil más conflictivo” relacionado con el trapicheo de drogas. “Rochapea, Buztintxuri y Casco Viejo son los barrios con más actuaciones en los últimos meses”, dijo Labairu.
los pisos ocupados A día de hoy, informaron, “se han incoado 12 procedimientos judiciales por ocupaciones que no llegan al año. Existen además 6 demandas civiles exprés en preparación, 20 en fase de estudio y el Ayuntamiento espera la sentencia de 5 demandas. En el último trimestre de 2019 se resolvieron 5 litigios, quedando la vivienda vacía en todos ellos. La mayoría de esos pisos se ubican en San Pedro (Rochapea), donde hay 12 viviendas; Casco Viejo, 10; Paseo Santa Lucía (Buztintxuri), 9. En los tres barrios, sostuvo Labairu, “en el 50% hay problemas de convivencia con los vecinos”.
en corto
¿Cómo se reparten?
¿Quién los usa? De los 603 pisos, 244 corresponden a personal municipal de renta antigua, 130 están arrendadas por la Oficina de la Vivienda, 37 están cedidas a Nasuvisa o a viviendas tuteladas.
43 ocupaciones: San Pedro (Rochapea), 12 viviendas; Casco Viejo, 10; Paseo Santa Lucía (Buztintxuri), 9; 6 en travesía N. Carriquiri y 5 en la calle Garde (Rochapea).
