pamplona - El director de Vivienda del Gobierno foral Eneko Larrarte aseguró ayer que los técnicos de su departamento están trabajando en nuevas alternativas para que familias que hasta ahora se venían beneficiando de ayudas importantes en alquileres protegidos puedan mantenerlas. En el mercado libre hay en la actualidad dos tipos de ayudas al alquiler: Emanzipa y David, de hasta 300 euros al mes (en pisos que no sobrepasen los 650 euros al mes). Las destinadas a la VPO son de mayor cuantía y la idea es que se puedan extrapolar a inquilinos que ocupan edificios en manos de inversoras y que ya han perdido la calificación de vivienda protegida. Está opción está siendo analizada por los servicios jurídicos y requerirá un cambio normativo que en cualquier caso beneficiará a quienes cumplan una serie de condiciones. Larrarte confirmó ayer que son un total de 392 las viviendas que adquirió Testa Residencial (en su día propiedad de Cogremasa y, después, en manos de bancos) y a las que se están revisando los precios del alquiler al alza. Algunas ya han sido descalificadas (ya no son vivienda protegida desde el 2017) y otras lo harán en los próximos meses. "Hay más viviendas en manos de fondos de inversión, se están cuantificando", informó. Aseguró que en los últimos meses se han mantenido contactos con la sociedad filial de Blackstone (fondo buitre estadounidense) y está prevista una reunión para la próxima semana en la que confía en llegar a "un acuerdo". El Gobierno reclama una contención de precios en la "actualización de contratos", y conseguir que los inquilinos puedan beneficiarse de las ayudas forales, las actuales y las que se amplíen. Respecto a la política del Gobierno en alquiler social recordó que en breve se van a incorporar al mercado 76 VPO de Nasuvinsa en Entremutilvas y Ardoi como parte del compromiso de construir 524 viviendas en esta legislatura para "revertir" la herencia recibida y "dar un nuevo impulso al parque público". Y destacó que en el programa David hay apuntadas 270 personas, opción que se "reactivará" al haber cambiado este año los requisitos de acceso. Aseguró también que este año se quiere tener un índice de referencia de precios de alquiler desglosado por barrios, bloques y vivienda, y a partir de ahí aplicar políticas para su gravamen o desgravación.

"inacción del alcalde" Ante la situación que quedan las familias de Rochapea y San Jorge con la subida de alquileres el portavoz de EH Bildu en Pamplona, Joseba Asiron, dijo ayer no entender "a qué obedece esta inacción del alcalde", y pidió a Maya "que escuche a las familias y que desde luego se coordine con el Gobierno, porque hay que incidir ante el Gobierno para que mantenga esas ayudas". Y censuró que "cuando ha habido problemas de calado muchísimo menor, le ha faltado tiempo a Maya para salir a hablar de la censura a los payasos o incluso del futuro lanzador del chupinazo. Y en temas como este todavía estamos esperando, no ya a que se reúna con las familias, sino a oír qué es lo que tiene que decir. Es gravísimo".

Por su parte, Izquierda-Ezkerra registró ayer una pregunta oral en el Parlamento, dirigida al Departamento de Vivienda, para conocer las acciones previstas para "dar solución a la necesidad urgente de las 160 familias afectadas por la amenaza de desalojo de un fondo buitre, así como para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Los fondos buitres adquieren grandes lotes de vivienda protegida cerca del periodo de descalificación, y una vez las viviendas libres de la protección oficial especulan con el precio de los alquileres sin importarles lo más mínimo los proyectos vitales de los inquilinos". Añaden que "las nefastas políticas de vivienda de los gobiernos anteriores de UPN nos han llevado a esta desastrosa situación, en la que contamos con un parque público de vivienda hipotecado".