La modificación del contrato es un "despropósito jurídico" y no está sujeta a ningún diagnóstico de necesidad de infancia ni avalada por criterios técnicos. Conlleva un déficit de 600 plazas (de 1.000 a 400), con la participación de los chavales "recortada a límites escandalosos". Representantes de las ocho asociaciones que forman los equipos preventivos de Pamplona reclamaron ayer al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra la suspensión cautelar de la decisión de Navarra Suma: ha anulado sus actividades previstas para verano, adjudicándoles en su lugar las colonias urbanas que se ofertan desde el 6 de julio en los centros de Ermitagaña, Hegoalde, Iturrama y Cardenal Ilundáin.

Hasta ahora, el centro de conciliación municipal funcionaba al margen de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria y sus centros de verano. Las asociaciones conocieron en mayo la intención de Navarra Suma de que cubrieran el servicio de conciliación en 2020 con su personal profesional, monitorado y dinero de las actividades de verano. "Es decir, con uno de los servicios cubrir lo que años anteriores eran dos, sin ningún refuerzo económico", censuran. Para hacerlo efectivo, el Consistorio realizó un cambio de contrato a las asociaciones de los barrios "en unas condiciones llamativas, al amparo de un procedimiento de excepcional emergencia. Aún acogiéndose a esta excepcionalidad, legalmente solo es posible hacer esta modificación si queda acreditado que el servicio original no puede desarrollarse", explican. Y critican que es "un recorte de un servicio público, acto prohibido por la UE en este contexto del coronavirus"; que además "desmantela" un recurso público de mayor rango garantizado dentro de la cartera de Servicios Sociales. "Es un abuso de poder desde los responsables políticos, fuera de cualquier aval técnico. No se han tenido en cuenta las necesidades de la población infanto juvenil ni de sus familias, realizando un proyecto sin sustento alguno, donde el interés supremo del menor no se ha tenido en cuenta", finalizan.

Bideberri (Mendillorri). "Supone una clara regresión de los derechos de la infancia de nuestro barrio y un ataque al trabajo de la asociación en la comunidad".

Batean (Rochapea). "Las familias deberán pagar 180 euros el mes mínimo. En Batean se piden 60, con un mínimo de 5€/mes. Es uno de los miles de motivos por los que no vamos a acceder a llevar este servicio".

SiñarZubi (Txantrea). "Las ventajas de atención cercana, individual, grupal y familiar son el eje de nuestro servicio. En este nuevo planteamiento dejan de ser el foco de atención principal".

Aldezar. "Queremos seguir desarrollando el proyecto de Aldezar, que contempla las necesidades de las txikis, del barrio, la cercanía, el cuidado y la educación comunitaria".

Yoar (Arrosadia/Azpilagaña). "Nuestro trabajo siempre ha sido y será desde el barrio y para el barrio".

Etxabakoitz Bizirik. "Nuestros proyectos en los barrios hoy en día son más necesarios que nunca".

Buztintxureando Txuri. "La atención y acompañamiento a las y los niños, las familias y el propio barrio dejan de ser la prioridad".

Umetxea Sanduzelai. El Ayuntamiento nos prohíbe llevar a cabo las actividades de verano en el barrio".