Este lunes entra en vigor la nueva Ordenanza reguladora de la utilización y fomento del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional. La norma establece un bilingüismo asimétrico en las relaciones interadministrativas y con la ciudadanía, que hace residir el uso de uno u otro idioma en la voluntad de la persona destinataria, ha informado el Consistorio en una nota.
Como criterio general la ciudadanía de Pamplona tiene derecho a dirigirse al Ayuntamiento, tanto en castellano como en vascuence, de forma oral o escrita. La Administración les responderá en la lengua inicialmente empleada en las conversaciones orales y, o bien en castellano, o bien de forma bilingüe, en las comunicaciones escritas.
De igual manera, y según recoge la exposición de motivos, el texto regula el bilingüismo en la imagen municipal distinguiendo según el ámbito personal al que se destina información y establece la presencia del euskera en hasta un 25% del total de anuncios publicitarios, frente al 100% que impone la norma vigente desde mayo de 2019. Asimismo, el texto configura como opcional la valoración del euskera en la provisión de los puestos de trabajo de la entidad local, "siempre garantizando que efectivamente existan puestos que precisen el conocimiento del euskera, aunque no con carácter general en todas las convocatorias".
La ordenanza, en la misma exposición, recoge que el euskera es una de las dos lenguas propias de la ciudad y el compromiso el Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias para su fomento, dada su condición de lengua minorizada y de patrimonio cultural que precisa de especial atención para su mantenimiento y utilización.
En ese sentido se adecua sus contenidos vinculándolos a la pertenencia de Pamplona a la llamada 'zona mixta'. La norma fue aprobada definitivamente en un pleno celebrado el pasado 5 de marzo. Su texto y desarrollo responde a los principios y disposiciones de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, y a lo establecido en su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral 103/2017, ha expuesto el Ayuntamiento.
