La residencia municipal de Cáseda Tomás, Javiera y Lydia Recari, funciona sin dirección legalmente constituida desde el 1 de marzo, después de que la empresa gestora rompiera su contrato con el Ayuntamiento casedano el 28 de febrero, y se marchara dejando sin pagar las nóminas del mes a las 24 trabajadoras.
Desde entonces, son estas las que se ocupan del servicio y la gestión, según ha hecho público Izquierda de Cáseda/Kasedako Langileak. El grupo municipal en la oposición requirió al alcalde Jesús Esparza (Agrupación San Zoilo), para que informara sobre el abandono precipitado y el preocupante vacío de gestión.
La gestión del centro de la tercera edad estaba desde 2016 en manos de la empresa Centro Residencial de Cáseda S.L. formada por la pareja de Amaia Santamaría y Miguel Ángel Cuevas, actual concejal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Barañáin. Desde entonces, renovaban con el Ayuntamiento cada dos años su contrato en vigor hasta marzo de 2022.
Proceso de negociación del convenio:
La empresa se encontraba en proceso de negociación del convenio laboral con las 24 trabajadoras, negociación estancada que ha dado lugar a dos concentraciones respaldadas por la comarca (diciembre y febrero) para visibilizar la situación y reivindicaciones. El 20 de diciembre, al día siguiente de que tuviera lugar la primera, Miguel Ángel Cuevas se despidió de la empresa y desde entonces, aseguran, se agravó la situación ya que en este tiempo, directora y gerente evitan acudir al centro y lo dejan sin gestión ni coordinación.
"No hay supervisión ni apoyo, no existe persona encargada del mantenimiento lo que genera pedidos mal gestionados para limpieza y comida", apuntan en su denuncia pública los concejales casedanos, Mikel Ayape, Itsaso Olleta y Javier Leoz.
Falta de coordinación desde los peores meses de la pandemia:
Aseguran que la falta de coordinación entre dirección y trabajadoras la arrastran desde los peores meses de la pandemia, cuando se vieron solas afrontando la crisis sanitaria, poniendo todo de su parte con la esperanza de que progresaría el convenio. El resultado fue que no hubo ni un solo caso de covid en la residencia municipal. En aquel momento, el alcalde Jesús Esparza declaraba a DIARIO DE NOTICIAS que le constaba la posibilidad de que se llegara a acuerdos entre ambas partas.
Lejos de solucionarse, el 19 de febrero la empresa comunicó al Ayuntamiento que el día 28 dejaría de prestar sus servicios. Así lo hizo, una vez cobrada la cuota del mes a los residentes, dejando sin pagar la última nómina a las trabajadoras y unas deudas conocidas aproveedores de 9.300 euros. Izquierda de Cáseda considera que la empresa tendría que haber cumplido el contrato o, en su defecto, haber buscado una salida escalonada.
"Una vez que el alcalde se da por enterado, en lugar de obligarle a cumplir el contrato o a negociar una salida más pausada, busca, con un procedimiento urgente, otra empresa gestora, sin darnos información al respecto a pesar de pedirla como un informe de las causas del abandono y de las repercusiones que pueda tener para trabajadoras y Ayuntamiento.
Declaraciones del alcalde:
Por su parte, el alcalde, Jesús Esparza, aludía a las demandas laborales en el inicio del conflicto y aseguraba que la empresa le transmitió "que no podía asumir ese incremento salarial". Reconocía Esparza que el Ayuntamiento pudo haber evitado el abandono de la dirección "que no ha sido agradable", subrayaba, viéndose forzado de urgencia a encontrar otra empresa gestora del centro.
El primer edil comunicó que será la empresa SG de Cáseda S.L (Sociedad Gerontológica de Cáseda S.L) la que se va a ocupar del centro y además, va a asumir el pago de las nóminas a las trabajadoras, así como las facturas impagadas de los anteriores gestores. "Las dos empresas han llegado a un acuerdo para que el traspaso sea limpio entre ellas", expresó y con ello daba el tema por solucionado.
Con respecto a la falta de información denunciada por Izquierda de Cáseda, Esparza argumentó que era preciso que la renuncia a la gestión se hiciera por escrito antes de trasladarla a la Corporación. Añadió que la burocracia está retrasando el traspaso "con el que ganamos todos", declaró, así como que esperaba que se normalizara la situación en los próximos días. La nueva empresa prestará sus servicios hasta marzo de 2022, cuando saldrá la oferta a concurso.
La portavoz de las trabajadoras, Yoana Gil, expresó su confianza en que mejore la situación y las condiciones del colectivo con la nueva empresa "Esperemos que aterrice y se haga cargo de nuestas peticiones. Que resuelva la falta de recursos para poder trabajar en condiciones", manifestaba la representante sindical de LAB en el centro. Voz de un colectivo profesional, fundamental en tiempo de pandemia, y que a pesar de ser municipal, no ha sentido apoyo. "El alcalde solo quiere que se gestione, y nada más".
