PAMPLONA. El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por vecinos de Castejón contrarios al segundo grupo de la central térmica de este municipio y obliga al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a pronunciarse sobre una sentencia anterior relacionada con una autorización para esta central.
El Supremo toma esta decisión ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba que la sentencia que anulaba la autorización dada a la central para poder funcionar "era meramente declarativa y no exigía ninguna otra acción para su cumplimiento", según ha afirmado la Fundación Sustrai Erakuntza en una nota.
El TSJ de Madrid llegaba a esa conclusión porque "a pesar que en 2013 el propio tribunal anulaba la autorización, en el año 2012, el ministerio de energía había convalidado la autorización administrativa concedida en 2005". "De esa manera, la administración pretendía subsanar una autorización que estaba a punto de ser anulada por un tribunal", ha añadido la Fundación Sustrai Erakuntza.
Ahora, el Tribunal Supremo establece que esa convalidación está directamente relacionada con el cumplimiento de la sentencia que anulaba la autorización. "De esta manera, pasa de nuevo la pelota al TSJ de Madrid, y le obliga a tener que pronunciarse sobre si la sentencia que anulaba la autorización está ejecutada o no. Deberá decidir también si esa convalidación que se dio mientras el proceso judicial estaba abierto buscaba únicamente salvar una autorización que sabían iba a ser anulada", ha explicado la entidad.
Esta fundación ha afirmado que "14 años después de que se autorizara la instalación del segundo grupo de la central de Elerebro, y ahora de la mano de la Fundación Sustrai Erakuntza, los vecinos de Castejón siguen pleiteando, sin ninguna ayuda de las administraciones Navarras, para que se haga justicia".
Según la entidad, "la sentencia de mayo de 2013 del TSJ de Madrid, confirmada posteriormente en octubre de 2016 por el propio Tribunal Supremo, declaraba que la autorización que se le dio al segundo grupo de la central no cumplía con la normativa ambiental que en esa época era de aplicación". "La autorización ha sido declarada ilegal, y confirmada su ilegalización la administración estatal ha hecho lo posible por seguir manteniendo la ilegalidad y el Gobierno de Navarra ha mirado y sigue mirando para otro lado", ha criticado.
A continuación, la fundación ha explicado que esta es la segunda sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón en este tema y ha planteado "qué más necesita el Gobierno de Navarra para decretar la paralización de la actividad de la central".
La Fundación Sustrai Erakuntza ha afirmado que "las centrales térmicas de Castejón son el pilar fundamental de la línea eléctrica a 400 kV que une Castejón y Muruarte, y que en estos momentos están intentando prolongar hasta Itsaso, en Gipuzkoa". "La función de esta línea, tal y como ya se ha informado recientemente, es la exportación de la producción energética de estas centrales y otras, a Francia", ha apuntado.
PODEMOS EXIGE UNA RESPUESTA El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Mikel Buil, ha considerado "urgente" que los ejecutivos foral y central "se pronuncien" sobre la central térmica.
Buil ha destacado en un comunicado que se trata de una infraestructura "perteneciente a un oligopolio eléctrico, en una zona saturada de centrales de este tipo, que es soporte necesario para ser punto de arranque de una línea de alta tensión que proyecta Red Eléctrica Española, que va a atravesar los parques naturales de Aralar y Urbasa y que no tiene otro objetivo que exportar electricidad a Francia a través de los Pirineos, consolidando un modelo energético insostenible y que no da ningún servicio a la ciudadanía".
La formación morada ha recordado que "son ya varias las sentencias que han ido dando la razón a los vecinos y vecinas reclamantes, sentencias que no se han ejecutado porque tanto el Gobierno de Navarra como el del Estado lo han ido entorpeciendo generando expedientes administrativos que sólo buscan dejar sin efecto lo ya decidido por el Poder Judicial", ha criticado.
Para Buil, "estamos ante un auténtico Algarrobico Foral" y ha considerado que "este caso ejemplifica el modelo energético que no queremos para Navarra y que toda la ciudadanía acaba pagando en la factura de la luz".
El candidato al Congreso ha resaltado que Podemos "defiende la creación de una empresa pública de energía a fin de ir abaratando progresivamente la factura energética de los hogares y para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a un consumo básico de energía producida de forma cercana y con respeto al medio ambiente".
