Diversos partidos de Izquierdas con representación municipal en ayuntamientos de la Ribera exigirán "las responsabilidades políticas y técnicas que deban acatarse" del presidente de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, Fernando Ferrer (Navarra Suma), si el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) da finalmente la razón a la UTE Cespa&Acciona que han recurrido la decisión de la Comisión Permanente de volver a redactar el pliego de la limpieza mancomunada y hacer oídos sordos a la sentencia del pasado mes de enero. Una decisión que aseguran se ha "apoyado en intereses partidistas", siendo una "decisión unilateral, interesada y errónea" ya que "desconocemos de manera oficial las razones específicas para la anulación de la licitación.

Así lo señalan estas formaciones en una nota hecha pública y firmada por PSN, IU, Batzarre, I-E, Agrupación Corellana de Izquierdas (ACI), Progresistas de Valtierra (CPV), Cambiemos Buñuel, Agrupación Popular Cirbonera (APC), Coalición de Izquierdas de Cascante (CIC) y Murchatinos por Murchantes (MxM), que redundan en mostrar "nuestro más absoluto rechazo a la gestión del presidente en este proceso". Hay que recordar que la Permanente de la Mancomunidad está integrada por nueve miembros de Navarra Suma y tres del PSN. Todos votaron a favor de reiniciar el pliego, menos el vicepresidente, Marino Herrero (Navarra Suma).

En la misma nota llaman la atención por la "opacidad" con la que Ferrer ha desarrollado todo el proceso, sin facilitar ningún tipo de información, ni explicaciones, por más que se le han solicitado en numerosas ocasiones, de forma oral y escrita, pero ante lo que ha hecho oídos sordos, aunque se comprometía a ofrecer todo tipo de aclaraciones.

Ante la falta de información, los partidos han lanzado un larga batería de preguntas en las que ponen de manifiesto la escasa claridad del proceso de licitación, máxime cuando la mesa de contratación se apoya en la dificultad para entender el pliego, cuando, si Cespa no hubiera recurrido, se habría adjudicado a FCC.

"¿Por qué el gerente tomó la decisión de cambiar su informe, sin que la mesa de contratación decidiera que lo hiciera?" Hay que recordar que de los 3 técnicos que formaban parte de la mesa de contratación desde el inicio, dos se opusieron a la exclusión de Cespa. Aun así, la mesa de contratación sólo tuvo en consideración el informe del gerente para tomar la decisión, el 27 de noviembre de 2019. Además apuntan que fue el mismo gerente que ahora apuesta por cambiar el pliego quien elaboró los pliegos desde el inicio.

"¿Qué fallo tiene el pliego?", analizan, ya que desde presidencia no han concretado qué problemas tiene, después de pasar por los plenos, las secretarías y las intervenciones de 17 municipios, teniendo el visto bueno. "¿Por qué no acataron lo establecido por el Tribunal de Contratos? ¿Por qué insisten en decir que la decisión se ha basado en carencias del pliego? ¿Por qué si es así convocaron la mesa de contratación para abrir el sobre 3 (el económico, el último del proceso) en cuanto excluyeron a Cespa, dejando a FCC como única posible adjudicataria? Si el Tribunal no hubiera ordenado la suspensión cautelar de la tramitación, la Permanente hubiera adjudicado a FCC en diciembre, pero no pudo, así que, ¿cómo pueden decir que el pliego tenía fallos si iban a adjudicarlo en diciembre? ¿Cuánto costó el informe encargado para anular la licitación y quién eligió al despacho de abogados que lo hizo?".

Dentro de la extrañeza de estas formaciones también se preguntan por qué FCC no ha recurrido la medida ya que iba a ser la adjudicataria.