El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha avalado la adjudicación del servicio de limpieza mancomunada que realizó la Mancomunidad de Residuos de la Ribera a la UTE formada por FCC y Limpiezas Rubio y rechazado, de forma unánime, todas las alegaciones y recursos que presentó CESPA & Acciona. Pese a que dos de los tres técnicos habían rechazado la oferta de FCC por presentar importantes "incumplimiento técnicos", el tribunal no ha estimado ninguno de ellos como tales y se apoya en dos conceptos; por un lado en la "presunción de acierto y veracidad" del informe del interventor y, por otro, en que de existir dichos "incumplimientos" son cuestiones que afectan a la fase de ejecución y no a la de licitación.
De esta forma, después de cuatro años desde que se iniciara el proceso de redacción del pliego para la limpieza mancomunada de 19 municipios, finalmente la Mancomunidad de Residuos podrá adjudicarlo a FCC, tal y como ya había intentado la Permanente en dos ocasiones. Entre medias ha habido dos sentencias de este mismo tribunal, el abandono de Valtierra (ya hecho el pliego) y el de Corella y Ablitas en la fase previa (por eso son 16), además del enfrentamiento político por la poca claridad con que han actuado el presidente, Fernando Ferrer, y el gerente, Fermín Corella, lo que hizo que toda la izquierda de la Ribera se uniera para pedir su dimisión. También la Cámara de Comptos va a realizar un examen de todo el proceso de adjudicación.
Cespa cuenta con dos meses para recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero eso no detendría el proceso y prolongaría el caso durante años, ya que al margen de que hubiera sentencia o no favorable, las partes podrían volver a recurrir.
La oferta de FCC al pliego de limpieza mancomunada de 16 municipios de la Ribera y que adjudicó la Mancomunidad ascendía a 29,679 millones de euros. El Tribunal señala que los reparos a la oferta de FCC que hicieron los dos técnicos seleccionados para analizar los informes (uno del Ayuntamiento de Tudela y otro elegido por la propia Mancomunidad) no implican que no se cumpla con el pliego, pese a que en la reunión de noviembre de 2020 señalaran que había "incumplimientos en la valoración técnica que plasmamos en el informe conjunto que redactamos".
En el recurso de Cespa se apuntaba también la presencia de otros incumplimientos, que, a su juicio, eran suficientes como para "generar su exclusión" de la oferta. Dentro de los parámetros que, a juicio de Cespa, no coincidían con los exigidos se señalaba "el incumplimiento del descanso exigido por el Convenio Colectivo", el "incumplimiento de las horas totales exigidas de baldeo mixto" o el "incumplimiento de la obligación de subcontratar determinados servicios con Centros Especiales de Empleo", entre otros.
Sin embargo, el informe del interventor de la Mancomunidad aseguraba que la "oferta económica de dicho licitador se adecuaba a su oferta técnica y al pliego del contrato, por lo que puede cumplir con los costes derivados de la realización del servicio".
Este dictamen ha sido estimado por el tribunal bajo la premisa de ser "un informe con presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y sólo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos o se han dictado en clara discriminación de los licitadores. En aplicación de dicha doctrina de la discrecionalidad técnica de la Administración, únicamente cabe revisar las valoraciones técnicas efectuadas por la Administración en caso de que se acredite que dicha presunción de acierto debe desvirtuarse por error manifiesto, arbitrariedad o defecto grave del procedimiento".
En su explicación apunta que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar los incumplimientos que éstos han de ser "expresos y claros", que "existe presunción en favor de los licitadores de que sus proposiciones se ajustan a los pliegos que rigen la licitación" y que "el incumplimiento debe referirse a elementos objetivos, perfectamente definidos en el pliego, sin ningún género de dudas" para juzgar "la imposibilidad de cumplir con los compromisos exigidos en los pliegos".
De esta forma, el contencioso acaba aquí y la UTE formada por FCC y Limpiezas Rubio será la adjudicataria del servicio de limpieza mancomunada por más de 29 millones de euros y deberá asumir la plantilla existente, por ejemplo, en Tudela, y subcontratar a un Centro Especial de Empleo.
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