Tópicos sobre la Administración Pública

Parece que hay ciertos tópicos que persisten en el imaginario popular pese al transcurso de los años, y uno de ellos es el de que tenemos muchos funcionarios, poco eficientes y que suponen un pesado lastre para el erario público. Así, estos días, escuchamos a determinados políticos, muy demagogos, siempre en tiempos de crisis, a modo de pescadores en ríos revueltos, cargar las tintas sobre los empleados públicos y lo mal que está la Administración Pública, como si nada hubiera cambiado desde los tiempos decimonónicos de Larra y su figura del cesante, obviando todo el desarrollo normativo que ha habido desde la Ley 30/84 de Medidas de la Función Pública de agosto de 1984 , auténtico marco regulador del acceso, desempeño y promoción del empleado público, hasta el último Estatuto Básico del Empleado Público, (EBEP), éste último pendiente de desarrollar. Normativa que ha dotado a la Administración de racionalidad, proporcionalidad y eficacia, garantizando unos servicios públicos de calidad al ciudadano.

Seamos serios, señores, la Administración garantiza la cohesión social facilitando el acceso de todos los ciudadanos a servicios como educación , justicia, sanidad, prestaciones sociales, etcétera, pilares básicos del estado de Derecho y Bienestar Social que disfrutamos. Por otro lado, en tiempos de crisis, el Estado debe dinamizar la economía cuando la iniciativa privada no puede, pero es que además los empleados públicos, al disponer de un sueldo fijo y estable, tiran del consumo ya que no reducen sus gastos previstos, así contribuyen a que la crisis no sea aún mayor.

En cuanto a que los funcionaros sean numerosos, la realidad es bien distinta: en 2008 el porcentaje de funcionarios en España era del 9%, uno de los más bajos de la Unión Europea, cuyo promedio es del 16%. También este país es uno de los países de mayor fraude fiscal en el mundo empresarial y financiero, así de sus declaraciones de renta, según Hacienda, se extrae que declaran, de media, menos que sus empleados y, por otro lado, vemos que España es uno de los países con menor gasto público en relación también a la Unión Europea.

Concluyendo, lo que necesitamos es mayor inversión pública, un sistema fiscal auténticamente progresivo y una persecución sin descanso del fraude fiscal; justamente lo contrario de lo que pretenden hacernos creer nuestros omnipresentes ultraliberales, olvidándose de los efectos tan nefastos que dejó el mandato de Margaret Thatcher en Gran Bretaña.