El señor Fernando Jorajuría, de la Federación de Enseñanza de USO, en su carta al director de hace unos días ha hecho una lectura interesada de la sentencia del Tribunal de los DDHH y, como consecuencia, ha sacado unas conclusiones también interesadas, es decir, poco o nada objetivas.

El citado tribunal dictó una primera sentencia en noviembre de 2009, por unanimidad, en la que se decía que "?la presencia de los crucifijos en las aulas supone una violación del derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones y una violación a la pluralidad religiosa y de convicciones del profesorado y del alumnado", y abogaba porque los poderes públicos respetasen la neutralidad confesional en la enseñanza pública obligatoria. Como este contenido no gustó a diversos gobiernos defensores de la religión católica, ni a partidos cercanos al fascismo, como la Liga Norte italiana, éstos presionaron y consiguieron una declaración del Consejo de Europa en el que se le negaba al citado tribunal la competencia sobre los temas relacionados con las tradiciones y culturas nacionales. El siguiente paso fue que el Gobierno italiano, presidido por el católico ejemplar Berlusconi, incluyó la religión católica dentro de la tradición y cultura nacional, condicionando al citado tribunal a que en su última resolución tuviera en cuenta este nuevo elemento.

La sentencia que comenta el señor Jorajuría -que a diferencia de la anterior no ha conseguido unanimidad- admite la presencia de crucifijos en las aulas de los centros públicos italianos. Pero él, obviando esto último, se anima y saca la conclusión de que "?lo que dice la sentencia es que no se puede excluir la presencia de los símbolos religiosos en las escuelas", manipulando lo dicho por la sentencia, pues se olvida añadir italianas. También se le olvida (?) que en el Estado español la última sentencia sobre este tema la dictó el Tribunal Superior de Castilla y León en diciembre de 2009, declarando nula la decisión del Consejo Escolar de un centro público de Valladolid que pretendía imponer la presencia en las aulas de símbolos religiosos. Así que, lo dicho por el señor Jorajuría no es cierto si se refiere al Estado español.

Tampoco está bien eso de aparecer como mártir y citar unos supuestos atropellos sufridos por el alumnado y el profesorado de religión, sin aclarar cuándo y dónde se han producido, impidiendo de ese modo contrastar la veracidad de sus palabras. Eso, señor Jorajuría, es hacer trampas.

Desearía que la defensa legítima de las opiniones, fueran las que fueren, respetasen la honestidad racional, aunque reconozco que la razón no es el ámbito en el que mejor se mueven quienes defienden la imposición de sus símbolos.