Desde su toma de posesión, el Gobierno de la nación viene trasladando confusos mensajes a través de los medios de comunicación, que están generando dudas sobre la solvencia financiera de la Seguridad Social.

Nuestro sistema público de pensiones es solidario, está saneado y gracias al reciente acuerdo social y económico suscrito en febrero de 2011 entre los agentes sociales y el Gobierno, tiene garantizada su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Nuestro sistema de Seguridad Social, además, está dotado de un mecanismo acordado con los agentes sociales, el aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas con dificultades, que en estos tres años de crisis y de dificultades de financiación empresarial ha evitado la destrucción de más empleo. Con datos del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a finales del año 2011, el número de aplazamientos en el pago de cuotas rondarían los 100.000, cuyo importe está cercano a los 2.000 millones de euros. Se trata de una cuantía que, una vez ingresada, permitiría hablar de un superávit del sistema de Seguridad Social de 1.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 4.000 millones de euros procedentes del pago de los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas, que deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado y no a través de cotizaciones sociales con cargo a la Seguridad Social.

El aplazamiento de la deuda o pago de cuotas a la Seguridad Social se ha convertido en los últimos años en uno de los instrumentos más eficaces a favor de la sostenibilidad económica o financiera de muchas empresas, y también de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que, además de contribuir a garantizar la viabilidad y solvencia de las empresas que se acogen a esta medida, favorece el mantenimiento del empleo. Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, más del 70% de las empresas a las que se les concede un aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social, mantiene o aumenta el número de trabajadores.

Todos estos datos, en opinión de la UGT, permiten afirmar que nuestro sistema público de Seguridad Social está saneado y es sostenible a corto, medio y largo plazo, contando, además, con un fondo de reserva de 66.000 millones de euros, todo ello de acuerdo con las previsiones recogidas en el acuerdo social y económico del pasado año, que goza del consenso de todos los agentes sociales y está refrendado por una inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país.

En fin, que con los datos en la mano, no hay motivos para crear alarma, salvo que la intencionalidad de quien genera dudas sea beneficiar las expectativas de negocio de los fondos privados de pensiones.

Manuel Gómez

Secretario de Organización y Comunicación de la UGT de Navarra