Contrafuero del PP con el aval de UPN

como legítimo y máximo garante de los derechos de la ciudadanía navarra, el Gobierno foral materializó ayer el último pago anual de la aportación al Estado, cuantificado en 60 millones y no en los 153 que solicita el Ministerio de Hacienda, aplicando la última liquidación líquida provisional y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 63.2 de la Ley del Convenio Económico, una vez que este año finaliza sin haberse actualizado el quinquenio 2015-2019 por la palmaria falta de voluntad negociadora del Gabinete de Rajoy. Una puesta en común demandada con énfasis por el Ejecutivo del cambio y que ayer volvió a instar el consejero Aranburu, que cifró en una horquilla de entre 340 y 490 millones anuales el desembolso exigible a Navarra, siempre según el año base del quinquenio, cuando a falta de la regularización requerida se han abonado en total 520 millones por este ejercicio, frente a los 613 que exige el Gobierno central. La concisa explicación del titular de la Hacienda Foral, cimentada además de una inequívoca apelación al diálogo para abordar el sobrepago de Navarra acreditado por los técnicos, tuvo como respuesta una furibunda reacción del ministerio de Montoro, que a través del secretario de Estado del ramo esgrimió un presunto incumplimiento del Convenio revestido con la amenaza explícita de ejercer unas competencias que evitó concretar. En una palmaria muestra de soberbia, y en contra del espíritu pactista que reclama para la contraparte, el representante del Estado llega a acusar a Navarra de un débito de 93 millones, cuando resulta incontrovertible que la Comunidad Foral tiene pendientes de cobro 45 a cuenta del adelanto del TAV. Más allá de que por añadidura es la que menos inversión ha recibido del Estado en materia de infraestructuras en el último decenio, menos de 60 millones por 6.000 de aportación de Navarra en tal periodo para sufragar las competencias no transferidas en virtud además de su peso económico (1,6%) y no de la población (1,4%). El clamoroso contrafuero del PP, con su negativa a discutir siquiera el reajuste de la herramienta clave del autogobierno foral, recabó la anuencia de UPN, que vuelve a anteponer la alianza con su socio a la defensa de la especificidad navarra, acusando al Gobierno de Barkos de perjudicar una negociación inexistente justo por la incomparecencia del interlocutor. En sentido radicalmente contrario, este grave conflicto debe resolverse blandiendo datos y no bravatas recentralizantes.