Yak-42, también es memoria histórica

Han tenido que pasar más de trece años para que el Consejo de Estado transmita a las víctimas del accidente aéreo del Yak 42, en el que fallecieron 62 militares españoles destinados en Afganistán, lo que la Justicia no fue capaz de acreditar ni el Gobierno de José María Aznar asumir: que hubo falta de celo en la gestión del transporte de los soldados y los riesgos que se asumieron y que derivaron en la tragedia pudieron haberse evitado de haber sido los responsables políticos y militares más diligentes. Aquel accidente produjo un severo desencuentro entre los familiares de las víctimas y el Gobierno del PP, al que reprocharon esa falta de diligencia que ahora acredita el informe del Consejo de Estado. El informe no se traducirá en compensaciones para esas familias pero les otorga la razón en sus reproches, que fueron acallados en su día con un proceso penal sobreseído del que no se extrajeron responsabilidades en las autoridades civiles y militares españolas. Sólo la demanda civil, que alcanzó a la empresa transportista y la aseguradora, se tradujo en indemnizaciones, pero nunca se definieron públicamente las responsabilidades del Ministerio de Defensa o los responsables militares. La chapuza fue tal que las únicas condenas fueron a un militar y dos comandantes del cuerpo médico que falsificaron treinta de las identificaciones de los cuerpos de las víctimas. Incluso ese reconocimiento les negó a las familias de éstas el Gobierno Aznar dado que los dos comandantes fueron indultados y el general falleció sin llegar a entrar en prisión. Más de una década después se exigen responsabilidades políticas en base al informe del Consejo de Estado. Responsabilidades que señalan al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, hoy premiado como embajador en Londres. La respuesta del Gobierno y del PP no puede ser más indolente. Mariano Rajoy se escuda en el insatisfactorio procedimiento judicial descrito más arriba para no adoptar medida alguna y en el paso del tiempo. Pablo Casado llegó ayer a la frivolidad de alargar el período de tiempo transcurrido -“hace veinte años”, dijo en relación al accidente de 2003- para minimizar las responsabilidades de Federico Trillo y justificar que sus funciones ahora “son distintas”. Tiempo y tierra sobre un error con resultado de 62 muertes es una receta convertida en procedimiento para eludir las propias responsabilidades. También es memoria histórica.