Tediosa espera

La Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra ostenta el no tan loable honor del que goza de un extremo sosiego y parsimonia, con la cual hacen caso omiso de los derechos de los aspirantes a conductores haciendo imposible un verdadero aprendizaje. El organismo público mediante la dilatación de los plazos de las convocatorias a examen de circulación hace, por un lado, imposible que la asimilación de la conducción sea total; y, por otro lado, que el desembolso económico, al tener que esperar largo tiempo hasta la nueva convocatoria, sea mayor, ya que uno se ve forzado a realizar un mayor número de clases hasta la lejana convocatoria.

Atendiendo a que la Jefatura de Tráfico es un ente público, cuyo único interés debe ser la realización de los intereses públicos, y al hecho de que para la realización de las convocatorias ya hay que realizar el pago de una desorbitada tasa, estimo inadmisible la desfachatez del organismo público, el cual no hace más que escudarse y negar un servicio de calidad a los navarros y navarras.

La solución pasa por acortar los plazos entre convocatorias, los cuales oscilan entre las tres semanas, ya sea mediante una ampliación del personal funcionario o el itinerario, y pasando, si es preciso, por una ampliación de los presupuestos del ente público.

El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, dice en su artículo 51.3, inciso primero: “Las fechas de las pruebas serán fijadas, a petición del interesado, por la Jefatura de Tráfico a la que se dirija la solicitud teniendo en cuenta las posibilidades del servicio”. Atendiendo al tenor literal del hoy artículo, si las “posibilidades del servicio” fueran de un examen cada seis meses, el máximo permitido (anexo VI A) de dicho reglamento), ¿debería yo conformarme con los seis meses?

Se trata de una administración pública, la cual tiene en su poder el monopolio de otorgar las licencias de conductores. La ley les dispensa la tarea de discernir si un aspirante está o no capacitado para la conducción, y resulta que uno es quien debe estar a expensas de su desorganizada organización para les enseñe si cumple o no con los requisitos del buen conductor; cuando por mera lógica, son ellos, el Estado, quien deben preocuparse de si estamos o no preparados, ya se encargan de recordárnoslo mediante las multas.

No obstante, resulta capital subrayar que la Jefatura de Tráfico no debe en ningún caso acabar siendo una fábrica de conductores inexpertos, mas sí una maquina engrasada que haga cómodo sacarse el carné de conducir, y no una tediosa y recalcitrante epopeya.