Desde la antigüedad, las sociedades han generado normas destinadas a proteger la vida y la integridad de quienes trabajan. Si bien en sus inicios estas normas eran escasas y de carácter local, con el paso del tiempo han ido ganando en intensidad, extensión y sofisticación. En la actualidad, la seguridad y salud en el trabajo (SST) se erige como un derecho fundamental y como un factor clave de sostenibilidad para cualquier organización.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido una impulsora crucial en esta evolución, promoviendo convenios y recomendaciones que han inspirado legislaciones nacionales y regionales. En Europa, este impulso se ha traducido en la armonización normativa a través de la Directiva Marco 89/391/CEE, que establece los principios generales para la prevención de riesgos laborales.

Sin embargo, a pesar del marco legal consolidado, persisten desafíos profundos en la aplicación real y efectiva de la prevención. Uno de los principales problemas es la escasa presencia de contenidos relacionados con la seguridad y salud en los planes de estudio de la formación profesional y universitaria. La mayoría de los jóvenes acceden al mercado laboral sin conocimientos básicos sobre percepción del peligro, evaluación de riesgos o técnicas de autoprotección. Esta carencia educativa condiciona la cultura preventiva en las empresas, dificultando la implicación activa de los trabajadores desde el primer momento.

Por otro lado, cuando se abordan los temas de prevención dentro de las empresas, con frecuencia se limitan a aspectos superficiales o ambientales, como los vestuarios, los aseos, la iluminación o el confort térmico. Si bien estos aspectos son relevantes, no suelen enfrentarse con igual firmeza otros riesgos más graves, como los asociados a las máquinas, instalaciones eléctricas, sustancias peligrosas, incendios, adicciones o conductas inseguras al volante.

Los comités de seguridad y salud y los delegados de prevención, mecanismos clave de participación de los trabajadores, a menudo centran sus esfuerzos en temas más visibles y de resolución inmediata, relegando cuestiones críticas que requieren mayor especialización y compromiso de la dirección. Esta fragmentación de responsabilidades y prioridades termina debilitando la efectividad de la prevención. Por ello, es urgente un cambio de enfoque. La seguridad y salud en el trabajo no puede seguir siendo vista como una carga legal o un campo de conflicto entre partes. Debe ser comprendida como un área de interés compartido, donde tanto empresarios como trabajadores encuentren una causa común: preservar la salud, prevenir el sufrimiento y mejorar la productividad.

Solo cuando este principio es asumido por ambas partes, se puede realizar una evaluación de riesgos rigurosa y honesta, identificar las prioridades reales y diseñar un plan de acción eficiente. la prevención no debe ser una reacción, sino una actitud. y esa actitud se construye con formación, liderazgo, escucha activa y corresponsabilidad. Una organización que vive la prevención como valor compartido se convierte en un entorno más seguro, más humano y productivo. La seguridad y salud, entonces, deja de ser una obligación para transformarse en un motor de mejora continua y cohesión interna.

*El autor es director gerente de Tesicnor