La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado la absolución dictada previamente por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona del delito de entrada en el domicilio de persona jurídica a las ocho activistas de Greenpeace juzgados por llevar a cabo una protesta pacífica en la que denunciaban las malas prácticas de la empresa Valle de Odieta SCL, propietaria de la macrogranja de vacuno de leche de Caparroso. Por este delito se les solicitó en el juicio, celebrado el pasado invierno, tanto la Fiscalía como la empresa responsable pedían penas de prisión y Valle de Odieta entendía además que la acción de los ecologistas había supuesto que decenas de sus animales terminaran enfermando, en especial los terneros más jóvenes.
Por el contrario, el juzgado y la Audiencia confirma la condena como autores de un delito de daños por la rotura de la valla de la macrogranja de Valle de Odieta, imponiéndoles a cada uno la pena de 14 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros (3.360 euros). La acusación del Ministerio Fiscal solicitaba que la pena fuera de 10 euros/día, y la acusación de la empresa que la pena fuera de 15 euros/día. A esto se suma la condena por los gastos de reparación de la valla, que asciende a 1.208,75 euros. En conjunto, los y las activistas tendrán que pagar una multa de 28.880,75 euros.
La acusación particular ejercitada por la mercantil Valle de Odieta SCL recurrió la sentencia e interesó que se dejara sin efecto ese pronunciamiento y se dictara otro por el que se condenara a todos los acusados como autores de un delito de allanamiento de domicilio de la persona jurídica a la pena de 8 meses de prisión a cada uno de ellos y a una multa de 3.600 euros. Afirmaba Valle de Odieta que el artículo del Código Penal que sanciona el allanamiento de domicilio de persona jurídica, "solo exige un dolo genérico y éste concurre en los hechos probados, ya que los acusados accedieron al interior de la macrogranja propiedad de Valle de Odieta por dos puntos sin autorización de su titular ni de ningún trabajador, asumiendo los perjuicios que pudieran derivarse de su conducta, esto es conociendo la ajenidad de la propiedad y la ausencia de autorización de su titular, lo que determina la concurrencia de dolo en los acusados".
La Audiencia resuelve que no existe tal delito que pedía la empresa, puesto que "aunque considerásemos que Valle de Odieta tiene únicamente una sola sede física en la que desarrolla su actividad ganadera y que era precisamente en la sede de Caparroso en la que acontecieron los hechos , y que incluso es el único lugar físico donde se desarrolla todas las tareas y cometidos asociados a su fines sociales y comerciales sin injerencia de terceros, donde se encuentra la única oficina que tiene la mercantil, etc. , no puede desconocerse que no se produjo el acceso a las zonas en que se puede entender comprometido el bien jurídico que ampara el delito de allanamiento, incluido el de la personas jurídicas, ese ámbito de privacidad de la sociedad".
No se les ve responsables de que los terneros enfermaran
La sentencia inicialmente ya desestimaba la pretensión de los gastos de veterinario (1.306,98 euros) por la que empresa quería imputar a los activistas la responsabilidad de que 79 terneros tuvieran diarreas y deshidratación, "muy probablemente más bien debido al estrés de malvivir en una macrogranja, en los días subsecuentes a la protesta", según los activistas.
“Una vez más, la Justicia nos da la razón a las personas que defendemos el medioambiente: no condena la y los activistas a prisión por manifestarse en contra de la macrogranja que Valle de Odieta tiene en Caparroso, aunque les condena a una elevada multa por los supuestos desperfectos que hayan podido ocasionar en las instalaciones”, afirmó Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y una de las activistas juzgadas, al conocer la primera sentencia: “Consideramos que esta denuncia y posterior juicio iniciado por Valle de Odieta es un nuevo intento de amedrentarnos y acallar nuestra protesta. Lamentablemente, hoy en día manifestarse en contra del destructivo modelo de ganadería industrial sale caro, pero en 40 años de vida de Greenpeace en España no nos han callado, y no nos van a callar”, añade Flores.
Esta acción de protesta surgió después de que Greenpeace fuera testigo, en febrero de 2021, del impacto ambiental provocado por reiterados vertidos masivos ilegales de purines de la macrogranja de Caparroso. Vertidos que llegaron a acuíferos y ríos y afectaron la Zona Especial de Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón, uno de los espacios protegidos bajo la Red Natura 2000, que recoge los espacios ambientales más importantes de Europa. Precisamente, por ese episodio de contaminación, tras las investigaciones pertinentes, el Juzgado de Tafalla detectó indicios de delito ambiental en la actividad de la macrogranja, aunque aún no hay fecha para la celebración del juicio.
