el tipo de interés debiera reflejar el costo total de un préstamo o crédito, de forma tal que el prestatario o acreditado pudieran saber cuánto exactamente les cuesta solicitar dicha facilidad financiera. Pero desde el albur de los tiempos los prestamistas han intentado disfrazar u ocultar dicho costo real para no asustar a los posibles clientes.

En España, en 1987, el ministro socialista, señor Solchaga, a la vez que liberalizaba los tipos de interés y las comisiones, instauró la TAE (antes Tasa Anual Efectiva, ahora Tasa Anual Equivalente) como método para ayudar a entender el costo real de los créditos. Todos entendemos que no es lo mismo pagar una comisión de apertura que no pagarla y que es preferible pagar por trimestres que por meses. La fórmula capitaliza todos los pagos, desde su realización efectiva hasta un año, al tipo de interés pactado, de forma tal que la TAE sirve para comparar una oferta crediticia con otra (la de menor TAE es mejor).

En 2011 la ministra Salgado (PP) consagra esa política de libertad de pacto (como si tuviera la misma fuerza un banco que un consumidor) de forma tal que las entidades de crédito puedan seguir pactando el traspaso de gastos al cliente sin incluirnos en la TAE.

Desde 2013 los jueces comienzan -al principio tímidamente y ahora con más soltura- a declarar abusivas o nulas algunas cláusulas de los contratos bancarios (suelo, incumplimientos, gastos, comisión por reclamación...). Después de que mucha gente luchase mucho, Europa (2014) obliga a que se devuelva lo indebidamente pagado por las cláusulas suelo y, aunque remoloneando, en esas estamos ahora (RDL 1/2017).

Pero ese proceso de defensa del consumidor y de transparencia real de los verdaderos costos no ha hecho más que empezar. ¿Qué razón arguyen las entidades financieras para seguir calculando los intereses en base al año bancario y no al natural, ahora que las calculadoras dividen tanto por 365 como por 360? (Al respecto consultar mi artículo de 2010 www.rebelion.org/noticia.php?id=107267 o mi conferencia en las Jornadas de la Universidad de Huelva, marzo de 2014). Respuesta: los casi 1.300 millones de euros anuales de intereses adicionales.

Todavía el costo real del crédito quedaría mucho más claro si se evitasen esas bonificaciones de interés en función de la contratación con sus compañías participadas de: seguros de hogar de vida, de..., servicios de domiciliación de recibos, de tasación, de tramitación, etcétera, pues la clientela ha de hacer un estudio pormenorizado de los costes alternativos de esos mismos servicios para así poder evaluar el posible interés o no de la oferta, cuestión ésta sumamente difícil si no imposible.

Otro sistema alternativo sería crear una verdadera competencia a la banca mediante la creación de un banco público pero para eso habremos de soñar con otro tipo de gobernantes.

El autor es censor jurado de cuentas y notario