hace poco más de un año, el Gobierno Vasco presentó una propuesta concreta para dar respuesta a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, migrantes económicos en situación de emergencia y a las necesidades de acogida de los menores no acompañados. Desde entonces, comunidades autónomas -Navarra fue la primera- y regiones europeas han dado su apoyo a la iniciativa Share, una fórmula fundamentada en la distribución de las personas migrantes entre las regiones de la UE por la capacidad económica del territorio de acogida, su situación demográfica y su capacidad de empleo. Urkullu la ha presentado esta semana en el Vaticano en su encuentro con el Papa Francisco, que lo ha avalado también, al igual que antes fue trasladada al Comité de las Regiones en Bruselas. Más allá de las escenificaciones mediáticas, se trata de uno de los pocos planteamientos realistas y humanistas que se han expuesto para hacer frente a la realidad de la migración que llama a la UE en este primer cuarto del siglo XXI. A esa realidad permanente en la historia de la humanidad, se suman hoy además los conflictos bélicos que el hombre continúa provocando, las consecuencias de las crisis económicas de los cambios tecnológicos y productivos y los desastres naturales que la ya la innegable crisis climática agrava. Ello sitúa a Europa ante la exigencia de dar respuesta urgente al flujo creciente de migración y hacerlo desde un ejercicio de responsabilidad y de corresponsabilidad. En ese contexto, la iniciativa Share no es un simple postureo político más. Es la única fórmula planteada para dar a la migración un cauce humano, legal y eficaz que permita superar los mensajes populistas y las interesadas tensiones políticas de aquellos que esgrimen falsos argumentos racistas o socioeconómicos como motivo de su irracional rechazo al diferente. Una vía que pretende, desde las regiones, dejar atrás el inmovilismo político -impulsado por las reticencias y la insolidaridad entre los estados-, ante uno de los retos más importantes del presente de la UE.
