avarra Suma cree haber sumado a su balanza el primer triunfo de esta Legislatura: la cabeza política del consejero y ex vicepresidente del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi. Como bagaje tras cinco años y medio en la oposición no parece mucho. Por ejemplo, tampoco este año ha tenido capacidad de diálogo y acuerdo para intentar influir en las prioridades de los Presupuestos de 2021 o al menos tratar de incluir algunas de sus enmiendas. De nuevo, su estrategia estaba autodirigida al fracaso total. En todo caso, en el caso de Ayerdi todavía ni siquiera se ha podido cobrar la pieza. Y quizá por eso ya está apuntando a una nueva, al consejero de Cohesión Territorial, Bernando Ciriza. Operaciones asentadas en el artículo 68 de la Ley del Gobierno, que establece que los miembros del Ejecutivo o los altos cargos de libre designación investigados en procesos judiciales deben cesar en sus puestos o ser destituidos. A Ayerdi el Tribunal Supremo le ha abierto una causa por una demanda de UPN sobre la concesión de 2,6 millones de euros desde Sodena en ayudas a la empresa Davalor. A Ciriza le reprochan que su director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, continuó en el cargo incumpliendo la Ley de Gobierno después de ser citado a declarar por el juzgado de Tudela como investigado tras una querella de un vecino de Ribaforada. Rodríguez fue absuelto, pero UPN insiste en que se incumplió la ley. UPN y Navarra Suma han encontrado una puerta a la judicialización constante de la política foral con la persecución insistente de la aplicación de ese artículo 68. Una normativa destinada a blindar al Gobierno de Navarra de posibles casos de corrupción, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Navarra, y que se ha convertido en un subterfugio judicial contra la acción política. Quizá la forma de su redacción debiera repensarse. Tampoco lo tengo claro. Un uso torticero de la ley y de la justicia que se le volverá en contra a Navarra Suma. Como ya se le ha vuelto en contra la denuncia contra Ayerdi. Basta recordar los desastrosos resultado que arroja el paso de UPN al frente de Sodena. Un informe de fiscalización de los años 2002-2013 de esta empresa pública de la Cámara de Comptos recoge que en 26 de los 37 proyectos analizados en ese periodo los planes de negocio no se cumplieron con costes de decenas de millones de euros para las arcas públicas. Aún peor, el análisis de los auditores de Comptos señala de que en varias de las inversiones asumidas Sodena fue utilizada de forma instrumental con objetivos políticos o particulares alejados de los fines para los que se creó. La inversión en Davalor pudo ser un error o un fracaso de Sodena como empresa instrumental para invertir en sectores estratégicos o para ayudar a empresas en crisis, que son sus objetivos, pero eso no implica que Ayerdi incurriera en delitos de prevaricación o malversación de fondos públicos. De hecho, las ayudas a Davalor ya fueron investigadas en comisión parlamentaria y fiscalizadas por Comptos y no se revelaron irregularidades. Sin olvidar que ese largo listado de proyectos fallidos de Sodena bajo los gobiernos de UPN son solo una pequeña parte del coste real del despilfarro que derivó de su gestión para los recursos públicos de Navarra. Quizá la euforia de que hace gala Navarra Suma con esta jugada termine en una lluvia de piedras sobre su propio tejado.