Tras el anuncio de la implantación de nuevos peajes en la última Comisión de Cohesión Territorial para solucionar la inversión en carreteras en nuestra comunidad comprobamos cómo la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades mínimas para su conservación, seguridad vial y cuidado en 2021 (se han presupuestado 47,7 millones de euros frente a la necesidad mínima de 72 millones) pretende arreglarse a través de un parche en cinco carreteras a financiar por los transportistas con el pago de peajes que sustenten una nueva sociedad pública.

Es decir, se sigue hipotecado la seguridad vial, la cohesión territorial y el fortalecimiento de la economía navarra - porque no olvidemos que el transporte repercute directamente sobre los productos que consumimos y con los que competimos, a través de un plan de peajes para cinco carreteras navarras (A-1, A-10, A-15, A-68 y N-121-A) fundamentado en un estudio (Estudio de la procedencia de los vehículos pesados circulantes por las vías de la Comunidad foral de Navarra mediante la identificación de sus matrículas) que argumenta que el 88% del transporte pesado que transita por estas vías es de origen no navarro.

¿De verdad hay alguien que se haya creído esto? ¿Y qué pasa con el mantenimiento del resto de las carreteras navarras? ¿Por qué montar otra sociedad pública más para ello? El Gobierno de Navarra ha logrado convencer a los partidos políticos en una fea jugada que deja de lado al transportista navarro y, no nos engañemos, a toda la sociedad navarra, dependiente de los productos transportados.

Tenemos muy pocas respuestas, pero podemos contar el proceso que nos ha llevado a esta situación; que cada uno, después, valore. Lo primero de todo: se planteó la implantación de peajes con la promesa de compensar al transportista local en este nuevo pago. La promesa fue motivo de adhesión de la mayoría de los grupos políticos a la idea de instaurar peajes en Navarra, idea que, por cierto, atenta contra la forma de financiación del mantenimiento que venía haciéndose al tratarse de vías públicas que, como tales, todos debemos de cubrir como gasto en presupuestos al ser una infraestructura que trae riqueza a Navarra. Más tarde, se determinó que la compensación al transportista sería de índole fiscal y, a fecha de 8 de octubre, ¡sorpresa!, la ¡noticia! “Ciriza descarta medidas fiscales para el transportista”. Adiós a la compensación, sí, pero ya estaban los partidos políticos apoyando al Gobierno para implantar los peajes.

Y, por si a los partidos políticos les quedaba alguna duda en la validación de los peajes, siguiente paso: el Gobierno de Navarra tenía preparado el estudio mencionado sobre el flujo de vehículos pesados en las carreteras navarras elaborado en el mes de julio y con la dedicación de un solo día a cada sentido de cada vía, juzguen ustedes su representatividad (concretamente, empiezan a contabilizar vehículos el 7 de julio, no es ninguna broma) … En cualquier caso, el margen temporal no es lo peor del informe, y eso que ni siquiera se contabilizaron en el mismo día los dos sentidos de todas las vías.

Tal y como explicó el Consejero de Cohesión Territorial en la Comisión de este departamento en noviembre, el informe reúne la contabilización de los vehículos pesados que, durante el marco temporal del estudio, transitaron por el primer y último punto de cada carretera en la que se pretenden implantar peajes (A-1, A-10, A-15, A-68 y N-121-A).

Repetimos por si a alguien no termina de chirriarle: han contabilizado los vehículos pesados que pasaron por el primer y último punto. ¿Y qué vehículos son esos? Los de fuera, los que cruzaron Navarra desde fuera.

Conclusión: dinero gastado en un estudio inútil con el fin de manipular sus resultados. ¿Qué pasa con el gran número de transportistas locales que circulan a diario por el punto de entrada o de salida de estas carreteras, o por vías intermedias de las mismas? No han sido contabilizados, pero tendrán que pagar los peajes.

El estudio está limitado por los intereses del Gobierno de Navarra y no resulta válido a la hora de establecer unos valores representativos del flujo de vehículos en las vías mencionadas. ¡Han manipulado la opinión de todos! ¡Obviando la realidad! Pero no seamos inocentes. ¿Los partidos políticos se han creído el estudio, o les conviene creérselo? ¿Qué será lo siguiente, el cobro a los turismos en cuanto la directiva europea en breve lo permita?

Estamos cansados de la falta de transparencia. Ya no es solo que no vayamos a recibir las compensaciones al transporte que se habían prometido, a pesar de que el sector ha sufrido las reducciones de demanda, sino que debemos financiar del bolsillo del sector productivo, y en última instancia del consumidor final, un nuevo “impuesto”, para el mantenimiento de unas carreteras que los partidos políticos, con el dinero de todos, han descuidado durante años y siguen descuidando. La comunidad autónoma vecina de Guipuzkoa, que implantó sus peajes hace tiempo, ha sufrido la pérdida de 1.074 empresas de transporte desde el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de febrero de este año según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transporte. No seamos los siguientes.

Aparte, en lo que respecta a la conversión de la N-121A en una vía 2+1, creemos que se acabará gastando dos veces: la primera en este apaño que suma nuevos peligros (finales de doble vía, rotondas, …) y, la segunda, para acabar convirtiéndola en un 2+2 en unos años, con la esperanza de que se trabaje para tener una salida a Francia y se logre una igualdad de infraestructuras que permita una similar cohesión entre todas las zonas de Navarra.

Por último, no hay que olvidar que toda la cadena de distribución se verá afectada por el coste de los peajes, repercutiendo en el precio final de los productos transportados, con los que la sociedad navarra subsiste, crece y compite. El Gobierno podrá “engañar” a los partidos políticos, pero no a los navarros. Sabed que los peajes los pagará Navarra.

Alberto Latorre Fernández de Nograro (Coordinador TRADISNA) e Ignacio Orradre San Martín (Secretario General ANET)