Vivir de alquiler en Navarra es hoy un 46% más caro que en 2015. El precio tocó techo antes de la pandemia en diez euros/m2. En enero el incremento acumulado de un año era de un 6%. La Comunidad Foral es la tercera comunidad, solo por detrás de Canarias y la Comunidad Valenciana, donde más se ha incrementado el precio en los últimos cinco años. El Estado está trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Vivienda que, entre otros objetivos, pretende poner freno a la escalada de los precios en el mercado de alquiler. Sin embargo, las diferencias entre los socios de gobierno (PSOE y Podemos) auguran un retraso en su tramitación. Ambos difieren en cuestiones como ofrecer incentivos fiscales o poner límites de precios. Una de las propuestas de la nueva norma era precisamente habilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan fijar topes a las rentas en las zonas más tensionadas por la escalada de precios, tanto en contratos nuevos como en vigentes. Lo cierto es que la llegada del covid ha supuesto un cambio de tendencia sobre todo en algunas de las regiones que más se estaban encareciendo. Pese a ello parece evidente que el mercado requiere una regulación y políticas contundentes en materia de vivienda pública. La estrategia de grandes ciudades como Barcelona para aumentar el parque de vivienda público pasa por construir edificios y casas prefabricadas. El programa Navarra Social Housing del Gobierno foral que construye a partir de 2018 más de 500 viviendas públicas de alquiler va tomando forma aunque no al ritmo deseado. Un proceso cuya primera fase ya ha finalizado (138 VPO). No obstante el objetivo de esta legislatura era llegar a 1.00l. En una comunidad donde sigue habiendo miles de demandantes de alquiler, la bolsa de vivienda de segunda mano es otra aportación a tener en cuenta (suman 776) y es importante destacar en este sentido el esfuerzo que están haciendo muchos ayuntamientos, también en zonas rurales, para impulsar la cantidad de vivienda vacía existente. También el programa público Emanzipa ha crecido hasta llegar a 2.564 jóvenes y el David ha llegado a 952 familias vulnerables. El propio consejero José María Aierdi reconocía recientemente que los pasos dados en vivienda todavía son insuficientes. La prohibición de los desahucios durante la pandemia ha dado una tregua pero el problema sigue siendo sangrante para muchas familias y no tan vulnerables. Sobre todo ahora.